Novedades legislativas. Notas informativas
Publicada en el DOGC el 3 de julio, entrará en vigor el 3 de octubre de 2026, a excepción del régimen sancionador, que lo hará cuando se apruebe el decreto de despliegue de la Ley.
La nueva norma representa un cambio de paradigma puesto que aborda el amianto como un problema estructural de salud pública y vincula directamente la protección de la salud de la población con la identificación y la eliminación progresiva de los materiales con amianto presentes en edificaciones, infraestructuras y espacios de uso público. En este contexto, los municipios son actores clave en la detección precoz de situaciones de riesgo.
Entre las principales obligaciones de los ayuntamientos destacan:
- Identificar, gestionar y retirar los materiales con amianto presentes en bienes e infraestructuras municipales, así como en inmuebles privados de uso público, e incorporarlos a un censo municipal.
- Priorizar especialmente las actuaciones en escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios y deportivos, y otros edificios de uso público.
- Impulsar acciones de sensibilización, información ciudadana y prevención de los riesgos para la salud asociados a la exposición ambiental al amianto.
La norma también prevé mecanismos de cooperación y apoyo a los entes locales para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, así como líneas específicas de financiación para las actuaciones de detección y retirada del amianto. En este sentido, se crea el Fondo para la Erradicación del Amianto de Cataluña, destinado, entre otras finalidades, a financiar actuaciones de detección, gestión y retirada del amianto, así como acciones de sensibilización, formación y asesoramiento. Este fondo dispondrá de una línea de financiación específica para las actuaciones de los entes locales, con una consideración especial para los municipios rurales.
