Imatge de l'exposició La segona República i el municipalisme (1931-1939)

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La segunda República y el municipalismo (1931-1939)

La exposición La Segunda República y el municipalismo (1931–1939) presenta los principales cambios políticos, sociales, educativos y culturales impulsados durante los años de la República. También muestra las dificultades y los retos que afrontó la ciudadanía en este periodo. Después de la Guerra Civil, el inicio de la dictadura franquista puso fin a estas reformas y las personas que habían apoyado en la República sufrieron graves represalias. La recuperación de los derechos y las libertades no llegó hasta muchos años después, con el retorno de la democracia.

Los orígenes de la Segunda República

A principios del siglo XX, el régimen político de la Constitución de 1876 estaba muy desprestigiado.

Las elecciones eran una ficción controlada por el gobierno y el caciquismo distorsionaba el funcionamiento político. Además, la pérdida de las colonias en 1898 había acentuado la percepción de decadencia. A estos factores se sumaron una fuerte conflictividad social, los problemas militares en Marruecos y las demandas de reforma impulsadas por el catalanismo. Todo ello configuró un clima favorable a soluciones autoritarias.

En este contexto, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, encabezó un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923 con el objetivo de restaurar el orden y salvar la monarquía. El rey Alfonso XIII, convencido de que podía reforzar la Corona, le dio su apoyo. En un primer momento, algunos sectores del catalanismo vieron con esperanza el nuevo régimen, que prometía una regionalización de España y parecía abrir la puerta a nuevas formas de autogobierno, pero estas expectativas no se cumplieron.

La dictadura de Primo de Rivera tuvo dos etapas:
La primera, el Directorio Militar (1923-1925), pretendía regenerar la vida pública, acabar con el caciquismo y sustituir el parlamentarismo del régimen de 1876 por un gobierno dictatorial. Sin embargo, se prohibieron los partidos, se impuso la censura y se persiguió cualquier expresión de catalanidad. Estas medidas generaron una frustración creciente y algunos sectores catalanistas optaron por la vía armada con acciones radicales, como el complot de Garraf (1925) y los hechos de Prats de Molló (1926).

Paralelamente, la dictadura impulsó políticas proteccionistas y un ambicioso programa de obras públicas, favorecido por el buen momento de la economía internacional.

Un objetivo central del régimen fue poner fin a la guerra de Marruecos. El desembarco de Alhucemas (1925), con apoyo francés, permitió restablecer el control español en el Rif. Este éxito reforzó temporalmente la dictadura y dio paso a la segunda etapa, el Directorio Civil (1925-1930), inspirado en el fascismo italiano. En este período se creó un partido único, la Unión Patriótica, y instituciones consultivas como la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el endeudamiento, la corrupción y el impacto de la crisis internacional de 1929 aceleraron el desgaste del régimen. Sin apoyo social ni militar, Primo de Rivera dimitió en enero de 1930.

El rey confió el gobierno a Dámaso Berenguer, que intentó restaurar el sistema constitucional en el período conocido como la dictablanda. Pero la crisis económica, la ineficacia del gobierno y el descrédito de la monarquía favorecieron el avance del republicanismo.

En agosto de 1930, republicanos, socialistas, catalanistas y galleguistas firmaron el Pacto de San Sebastián, que reclamaba el fin de la monarquía y el establecimiento de una república descentralizada.

Pocos meses después, se planificó un levantamiento general para instaurar la República, pero se decidió aplazarlo en el último momento. Esta decisión no llegó a Jaca debido a un error en las comunicaciones, y los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se sublevaron, tal como estaba previsto inicialmente, el 12 de diciembre de 1930. Fueron derrotados y fusilados. La indignación popular que provocó este hecho precipitó la dimisión de Berenguer en febrero de 1931.

El gobierno, por decisión de Alfonso XIII, pasó al almirante Juan Bautista Aznar, quien convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. La victoria republicana en las principales ciudades desencadenó la caída del régimen y la proclamación de la Segunda República.

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La proclamación de la Segunda República

El gobierno presidido por el almirante Juan Bautista Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los partidos republicanos y los sectores sociales contrarios a la monarquía declararon que interpretarían el resultado como un plebiscito, es decir, como una votación para decidir si la monarquía debía continuar o no.

En los ámbitos rurales, donde todavía persistía el control social ejercido por los caciques, los candidatos monárquicos se impusieron ampliamente. En cambio, en las grandes ciudades, donde las elecciones pudieron desarrollarse con mayor libertad, las candidaturas republicanas vencieron claramente. Para la oposición, este resultado demostró que la mayoría de los ciudadanos que votaban en condiciones realmente libres eran partidarios de un cambio de régimen.

En Cataluña, Francesc Macià impulsó la creación de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en marzo de 1931, y el partido se convirtió en el gran vencedor de las elecciones municipales, especialmente en Barcelona.

La Lliga Regionalista, que hasta entonces había sido hegemónica dentro del catalanismo, sufrió una derrota importante, que también se reflejó en los gritos de «¡Viva Macià! ¡Muera Cambó!».

La izquierda ganó claramente en las ciudades. El mensaje político fue claro: una gran parte de la población quería romper con el viejo sistema, tanto con la dictablanda como con cualquier intento de restaurar el régimen de 1876.

El 14 de abril al mediodía, Lluís Companys, como cabeza de la candidatura más votada en Barcelona, proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento. El anuncio sorprendió a los propios dirigentes de ERC. A continuación, Francesc Macià decidió ir más allá y, desde el balcón de la Diputación de Barcelona, proclamó «la República catalana dentro de una futura Confederación ibérica». Esta declaración afirmaba, de hecho, la soberanía catalana y, por primera vez desde 1714, se cuestionaba el centralismo español, con la creación de un gobierno propio.

En las principales ciudades españolas, mucha gente salió a la calle para celebrar la victoria republicana y reclamar un nuevo régimen democrático. Entre el 12 y el 14 de abril, las fuerzas de orden público y el ejército informaron de que no podían garantizar la seguridad del monarca. Ante esta situación, Alfonso XIII optó por marcharse de España sin abdicar.

El gobierno provisional de la República se formó con las fuerzas firmantes del Pacto de San Sebastián: republicanos, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos.

El 17 de abril, tres ministros del nuevo gobierno (Fernando de los Ríos, Lluís Nicolau d’Olwer y Marcel·lí Domingo) viajaron a Barcelona para negociar con Macià. El acuerdo estableció la retirada de la proclamación de la República catalana y la creación de un gobierno autónomo provisional: la Generalitat de Cataluña, formada a partir de las cuatro diputaciones provinciales (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona). En ese momento, ninguna otra región de España disponía de autogobierno. Macià, al retirar la proclamación de la República catalana, afirmó «nunca he hecho un sacrificio tan grande como el de esta tarde». Aun así, consiguió que Cataluña recuperara un gobierno propio después de más de dos siglos sin autogobierno. Este hecho marcó el inicio de una transformación profunda del Estado.

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La Constitución de 1931

El 28 de junio de 1931, dos meses y medio después de la caída de la monarquía, se celebraron elecciones a las Cortes constituyentes como primer paso para elaborar una nueva Constitución. El bloque republicano-socialista ganó de manera contundente y ello determinó el carácter progresista y reformista de la República en sus primeros años.

Entre el 29 de julio y el 29 de agosto, una comisión parlamentaria se encargó de redactar el nuevo texto constitucional. Los debates en las Cortes fueron muy intensos, y la Constitución no se aprobó hasta el 9 de diciembre de 1931, tras muchas negociaciones.

La Constitución de 1931 incluyó derechos fundamentales propios del liberalismo clásico, como la libertad de expresión y de prensa, la libertad de reunión y la libertad de asociación. También incorporó nuevos derechos surgidos de luchas sociales, como el derecho de las mujeres a votar, una cuestión que generó un debate muy intenso.

Uno de los aspectos más polémicos fue la definición de España. El artículo primero definió el país como «una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia». En el primer borrador, la expresión de toda clase no figuraba y solo se hablaba de trabajadores, pero finalmente se modificó por la presión de los sectores más moderados, que la consideraban demasiado revolucionaria.

Otra cuestión que generó grandes debates fue la organización territorial. Finalmente, la Constitución optó por una fórmula intermedia entre el Estado unitario y el federal, al definir España como «un estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones». Aunque esta solución no satisfizo plenamente a los federalistas, abrió la posibilidad de elaborar estatutos de autonomía y de establecer el autogobierno en las regiones, una reivindicación histórica que contaba con el apoyo de una parte importante de la sociedad catalana.

Por último, la cuestión religiosa fue otro punto clave. Los sectores más liberales querían reducir la influencia de la Iglesia católica en la sociedad y en la educación. Gracias al apoyo de la mayoría de los partidos de izquierdas, la Constitución estableció en el artículo tercero que «El Estado español no tiene religión oficial». Además, los artículos 26 y 27 preveían la separación completa entre Iglesia y Estado, y garantizaban la libertad de conciencia. Esto permitió, entre otras cosas, el matrimonio civil y el divorcio. La cuestión religiosa provocó la primera crisis del gobierno republicano, con la salida de Alcalá Zamora y Miguel Maura por motivos de conciencia.

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El Estatuto de autonomía de Cataluña

El 14 de abril de 1931, Francesc Macià proclamó la República catalana dentro de una Federación de repúblicas ibéricas.

Pero tres días después, esta proclamación fue reconducida, y Macià se convirtió en presidente provisional de la Generalitat de Cataluña, recuperando una institución de autogobierno desaparecida tras la derrota de 1714.

Para redactar el anteproyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña, se creó una comisión presidida por el propio Macià. La redacción del texto se encargó a una subcomisión formada por Jaume Carner, Rafael Campalans, Pere Coromines, Josep Dencàs, Martí Esteve y Antoni Xirau, que se reunieron en el santuario de Núria para elaborarlo. El 20 de junio de 1931, el anteproyecto ya estaba terminado.

El texto definía a Cataluña como un Estado dentro de la República española, pero esta formulación no fue aceptada durante el debate en las Cortes. Finalmente, se decidió que Cataluña sería una región autónoma dentro de España, con amplias competencias para la Generalitat en ámbitos como la educación, la sanidad, la cultura, la justicia y la seguridad.

Antes de iniciar el trámite parlamentario, el texto fue aprobado por la mayoría de los municipios catalanes y ratificado en referéndum el 2 de agosto de 1931 con un amplio apoyo del sufragio masculino. Además, contó con el apoyo simbólico de 400.000 firmas de mujeres, que en aquel momento todavía no tenían derecho a voto. Posteriormente, las Cortes republicanas priorizaron la aprobación de la nueva Constitución y, una vez aprobada, iniciaron el debate del Estatuto catalán, que recortaron considerablemente porque consideraban que era demasiado ambicioso.

El 9 de septiembre de 1932, más de un año después del referéndum, Manuel Azaña firmó la aprobación definitiva del Estatuto de autonomía de Cataluña. El 20 de noviembre se convocaron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña. Aunque el derecho de sufragio femenino se había reconocido el 1 de octubre de 1931, las mujeres no pudieron votar debido a la falta de un censo electoral femenino.

El nuevo Parlamento quedó formado principalmente por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), seguida de la Lliga, la Unión Socialista de Cataluña y otras fuerzas minoritarias. El 6 de diciembre de 1932, Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat.

La vigencia del Estatuto fue corta: en abril de 1938, cuando Franco ocupó Lleida, fue suprimido. Aun así, en las zonas de Cataluña que todavía no estaban ocupadas, el Estatuto se mantuvo vigente hasta el final de la guerra, en 1939. En 1977, con el retorno de la democracia, Cataluña recuperó el autogobierno con el restablecimiento de la Generalitat bajo la presidencia de Josep Tarradellas.

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Les mujeres catalanas durante la Segunda República

Con la llegada de la Segunda República se inició un proceso de cambio en la situación de las mujeres, aunque los roles tradicionales de género continuaron muy arraigados.

El nuevo régimen republicano se propuso elaborar una Constitución que reconociera la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al divorcio y la igualdad jurídica de los hijos, tanto si habían nacido dentro como fuera del matrimonio.

Desde mayo de 1931, gracias a un decreto de la Segunda República, las mujeres pudieron presentarse a las elecciones y ser elegidas, aunque todavía no tenían derecho al voto.

Este derecho se reconoció posteriormente, el 1 de octubre de 1931, cuando las Cortes constituyentes aprobaron el sufragio femenino, con la participación del 60 % de los diputados (161 votos a favor y 121 en contra).

Finalmente, las mujeres catalanas ejercieron este derecho por primera vez en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933. Aquellas elecciones cambiaron el rumbo ideológico de la República, con la victoria de las fuerzas conservadoras y el inicio del período conocido como el Bienio Negro.

Durante la República, el papel de la mujer en la Administración pública comenzó a normalizarse. Un caso destacado es el de Natividad Yarza y Planas, maestra de origen castellano que, a comienzos de los años treinta, fue destinada a la escuela pública de Bellprat, en la comarca de la Anoia. En las elecciones municipales de 1934, se presentó por la candidatura de ERC y fue elegida alcaldesa de la localidad. En otros municipios también surgieron mujeres elegidas como concejalas, como Justa Goicoechea, en L’Hospitalet de Llobregat (ERC); Consol Nogueras, en Mataró (Front Únic d’Esquerres), o Fidela Renom, en Sabadell (en una lista formada por el PRDF, ERC y USC).

En 1937, en plena Guerra Civil, se creó la Unión de Mujeres de Cataluña, una organización que tenía como objetivo movilizar a las mujeres para contribuir a ganar la guerra. La organización estuvo presidida por Maria Dolors Bargalló, de ERC, y reunió a mujeres de diversas ideologías del bando republicano, como nacionalistas, comunistas, socialistas y anarquistas. Las más jóvenes se organizaron dentro de la Alianza Nacional de la Mujer Joven, con Montserrat Martínez y Ventura, de la JEREC, como presidenta, y Teresa Pàmies, de las Juventudes Comunistas de Cataluña, como secretaria general.

En el ámbito deportivo, destacó Pepa Colomer, la primera mujer de la historia de la aviación catalana, que obtuvo el título de aviadora en 1931. En otros deportes como el tenis, el hockey, la natación o la hípica, también hubo mujeres participantes, aunque a menudo quedaron en el anonimato. Más recientemente, se ha redescubierto la figura de Anna Maria Martínez Sagi, deportista y primera mujer miembro de la junta directiva del FC Barcelona, que además ejerció como periodista.

En el campo del periodismo, destacaron figuras como Irene Polo, Rosa Maria Arquimbau y Josefina Carabias, que sobresalieron en su profesión. Regina Opisso destacó como musicóloga, escritora y periodista, y también las escritoras Mercè Rodoreda y Carme Montoriol, que impulsaron una nueva narrativa y un teatro comprometido y crítico.

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El modelo educativo de la Segunda República

El gobierno de la Segunda República quería que la educación fuera pública y de calidad, dignificar la labor de los maestros y alfabetizar a todos los niños del Estado.

En Cataluña, se tomó conciencia de la necesidad de recuperar la labor iniciada por la Mancomunidad, y se quiso retomar ese espíritu para darle un nuevo impulso. La dictadura de Primo de Rivera había frenado este proyecto modernizador en el ámbito educativo, pero tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona aportaron los recursos necesarios para impulsar un modelo pedagógico avanzado. Durante los primeros años de la República, este modelo educativo se convirtió en un referente a escala europea.

En 1931, la ciudad de Barcelona tenía cerca de un millón de habitantes, 50.000 de los cuales eran niños que no estaban alfabetizados. Esta situación también se repetía en muchas poblaciones de la demarcación de Barcelona. Ante esto, los nuevos ayuntamientos republicanos emprendieron la tarea de escolarizarlos.

Para conseguirlo, pusieron en marcha un ambicioso plan de construcción de nuevas escuelas y de rehabilitación y ampliación de los centros públicos ya existentes. Tanto las escuelas nuevas como las renovadas se adaptaron a las necesidades pedagógicas, sociales e higiénicas del momento. Además, el catalán se convirtió en la lengua vehicular de la enseñanza.

La Constitución republicana de 1931 estableció la separación entre Iglesia y Estado y prohibió las escuelas religiosas. Por este motivo, muchas órdenes religiosas tuvieron que reconvertirse en cooperativas de padres para poder continuar ofreciendo enseñanza primaria y secundaria. La religión quedó fuera del ámbito educativo. Este hecho provocó un fuerte malestar entre los sectores más conservadores y se convirtió en uno de los motivos de conflicto entre la Iglesia y el Estado.

A pesar del inicio de la Guerra Civil, la renovación pedagógica no se detuvo. El 27 de julio de 1936, el gobierno republicano decretó la creación del Consejo de la Escuela Nueva Unificada (CENU), un organismo que agrupó las competencias educativas del Estado, de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña.

Cuando la guerra terminó, el colectivo de maestros y todo lo que representaba la renovación pedagógica fue duramente reprimido y perseguido. Muchos maestros fueron depurados, encarcelados o fusilados. La educación volvió a los modelos de la época de la dictadura de Primo de Rivera, y el proyecto republicano de una educación progresista, democrática y laica se desvaneció de forma repentina.

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Construir la ciudad moderna

La República imaginó la vivienda como un derecho y no como un privilegio.

A principios de los años treinta, después de la Exposición Universal de 1929, Barcelona era una ciudad muy desigual. Miles de familias vivían en barracas o en barrios con viviendas precarias, sin luz ni agua corriente, expuestas a enfermedades y sin servicios básicos. Además, los precios de los alquileres y de los alimentos aumentaban mucho más rápido que los salarios.

Ante esta situación, poco antes de la proclamación de la República, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) convocó la huelga de alquileres, una protesta masiva para pedir la reducción de un 40 % del precio de los alquileres y que las familias sin ingresos pudieran dejar de pagar. En pocos meses, más de 100.000 familias obreras se sumaron, especialmente en los barrios de casas baratas de Barcelona, así como en los grupos de viviendas Ferrer i Guàrdia, Pi i Margall y Bonaventura Carles Aribau. Los obreros se organizaron en comités de defensa económica y recogieron dinero para ayudar a las familias afectadas.

La huelga terminó en diciembre de 1931 con una fuerte represión y un balance de dieciocho muertos entre los manifestantes, así como personas desalojadas y detenidas. Ante esta situación, desde las instituciones se impulsó una nueva forma de pensar la ciudad. La Segunda República convirtió la vivienda digna en una prioridad política y social.

El Plan Macià, impulsado en 1932 por el Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATCPAC), proponía una reforma radical de Barcelona que se concretaba en tres aspectos:

  • La arquitectura debía servir al pueblo. Defendían edificios útiles, económicos y accesibles.
  • Construcción masiva de vivienda pública para obreros y clases populares, con viviendas con luz y ventilación naturales, pensadas para la salud física y mental.
  • Ciudad descentralizada, con la creación de nuevos barrios con servicios, escuelas, mercados y espacios verdes, con transporte público eficiente para conectar los barrios y reducir la dependencia del centro.

Pero todos estos proyectos urbanísticos de la República se truncaron de golpe con el inicio de la Guerra Civil española, en 1936.

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Arte y cultura durante la Segunda República

Durante la Segunda República, la vida cultural y asociativa experimentó un gran impulso. El nuevo contexto político permitió reabrir muchas entidades que habían sido prohibidas durante la dictadura de Primo de Rivera, especialmente aquellas vinculadas al catalanismo o con ideología de izquierdas. También fue un período de gran actividad museística, con una importante expansión de los museos durante el primer tercio del siglo XX.

En este clima de renovación se produjo un notable desarrollo artístico. Destacaron corrientes como el art déco y el racionalismo, que influyeron en disciplinas como la arquitectura, el urbanismo y el cartelismo. En arquitectura, el grupo más representativo fue el GATCPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea), con figuras como Josep Lluís Sert, Torres Clavé y Andreu Puig i Gairalt. Una de sus obras más emblemáticas es la Casa Bloc, un conjunto de viviendas sociales en Sant Andreu de Palomar (Barcelona).

En escultura, destacaron artistas de vanguardia como Pau Gargallo, que trabajaba sobre todo con metal y un estilo expresionista, y Juli González, pionero en el uso del hierro soldado para crear esculturas abstractas.

En cuanto a la pintura, sobresalen dos grandes nombres del surrealismo: Joan Miró y Salvador Dalí. En 1932 se fundó la asociación ADLAN (Amigos del Arte Nuevo), impulsada por el crítico Sebastià Gasch, con el objetivo de promover las nuevas tendencias artísticas, especialmente el surrealismo y el dadaísmo.

La recuperación de las instituciones de autogobierno también favoreció la lengua y la literatura catalanas. En 1932, Pompeu Fabra publicó el Diccionario General de la Lengua Catalana, que se convirtió en una obra fundamental para la normalización lingüística. En el ámbito literario, destacaron autores como Josep Maria de Sagarra, Carles Soldevila, Mercè Rodoreda y Carme Montoriol, entre otros. También se consolidó la festividad de Sant Jordi como fiesta del libro.

En el ámbito periodístico, existían numerosas publicaciones en catalán y en castellano, tanto de alcance general como local. Periodistas como Josep Pla, Eugeni Xammar o Irene Polo tuvieron un papel destacado. El fotoperiodismo vivió una renovación importante, con figuras como Agustí Centelles o Pere Català Pic, que ofrecieron una nueva mirada sobre la realidad, especialmente durante la Guerra Civil.

En las artes escénicas, sobresalieron actrices y actores como Margarida Xirgu y los hermanos Enric y Jaume Borràs. En el ámbito musical, destacan nombres como Pau Casals, con su orquesta, y Frederic Mompou.

Por último, los años treinta también vieron un gran crecimiento del deporte popular, siguiendo la tendencia iniciada en los años veinte. Se consolidaron como deportes de masas disciplinas como el fútbol, el ciclismo, el atletismo, el boxeo y el rugby.

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La reforma religiosa

Durante siglos, la Iglesia católica había tenido un gran poder en España. Estaba muy vinculada a la monarquía, tenía un papel central en la educación y disfrutaba de privilegios económicos. La Segunda República quiso cambiar esta situación y establecer un Estado laico, en el que la religión fuera una opción personal y no una institución con poder político.

La Constitución de 1931 reflejaba este objetivo. El artículo 3 declaraba que el Estado no tenía religión oficial, y los artículos 26 y 27 establecían la separación entre Iglesia y Estado. También se prohibía a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y se preveía la nacionalización de parte de sus bienes. En este contexto, la Compañía de Jesús (los jesuitas) fue disuelta y sus bienes, confiscados. Además, el gobierno de Azaña aprobó medidas como la Ley del divorcio (1932) y promovió un sistema educativo público, mixto y laico.

Estas reformas provocaron una fuerte oposición entre los sectores conservadores y religiosos, que las consideraban una amenaza a sus valores. En cambio, para los republicanos, socialistas y anarquistas, eran necesarias para garantizar la libertad de conciencia y modernizar el país.

En este contexto, creció el anticlericalismo, es decir, el rechazo hacia el clero y las instituciones religiosas. Este fenómeno no era nuevo —ya se había manifestado durante la Semana Trágica de 1909—, pero durante la República se intensificó. En mayo de 1931, en diversas ciudades como Madrid, Málaga o Valencia, se quemaron iglesias y conventos. Aunque el gobierno no promovió estos hechos, su pasividad fue muy criticada por la derecha.

Durante el Bienio Conservador (1933-1935), el partido de derechas CEDA intentó frenar o revertir algunas de estas reformas, pero ello solo aumentó la tensión política. Cuando el Frente Popular —en Cataluña llamado Frente de Izquierdas— ganó las elecciones en 1936, se retomaron las políticas laicas, y en algunos lugares también aumentó la violencia anticlerical.

Con el levantamiento militar de julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil, el conflicto religioso se radicalizó. En la zona republicana se produjeron destrucciones de edificios religiosos y asesinatos de miembros del clero. Aun así, algunas autoridades republicanas, como la Generalitat, intentaron frenar la violencia y proteger a religiosos, y facilitaron su evacuación. Entre ellos había figuras como el cardenal Francesc Vidal i Barraquer.

En la zona controlada por los militares sublevados, en cambio, la Iglesia apoyó al nuevo régimen y se convirtió en un elemento clave de su ideología. El conflicto se presentó como una cruzada nacional. Esto se reflejó en la carta colectiva de los obispos españoles del 1 de julio de 1937, redactada principalmente por el cardenal Isidre Gomà, que justificaba el conflicto como una defensa de la religión y del orden social. Algunos obispos, como Vidal i Barraquer, se negaron a firmarla porque no compartían esta identificación con el bando franquista.

Tras la guerra, el régimen franquista instauró el nacionalcatolicismo, que unía estrechamente el poder político y la religión. La Iglesia recuperó los privilegios perdidos, y la religión se convirtió en un elemento central del régimen. De este modo, el debate sobre la laicidad y la libertad religiosa se transformó en un conflicto más profundo, en el que la religión también se utilizó para justificar la represión y consolidar la dictadura.

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Las reformas y las tensiones sociales

Durante el Bienio Progresista (1931-1933), los partidos republicanos de izquierda querían impulsar reformas importantes para superar los problemas estructurales del país y construir una sociedad más moderna y más justa.

Una de las primeras acciones fue reformar el campo. El sector agrario se caracterizaba por el atraso tecnológico, las grandes desigualdades y los conflictos constantes entre propietarios y campesinos. Además, durante muchos años, el poder de los grandes propietarios había condicionado la política a través de relaciones de dependencia y clientelismo en el medio rural. Por ello, la reforma agraria no solo pretendía mejorar las condiciones de vida de los campesinos, sino también reforzar el funcionamiento de la democracia.

El 9 de septiembre de 1932 se aprobó la Ley de Bases para la Reforma Agraria, concebida para expropiar tierras a los grandes propietarios y a la nobleza del sur de España (Andalucía, Extremadura y La Mancha) y repartirlas entre los campesinos. Para gestionar este proceso se creó el Instituto de Reforma Agraria. Sin embargo, la aplicación de la Ley fue lenta y encontró una fuerte resistencia por parte de los propietarios, lo que hizo crecer la tensión social, agravada por conflictos como los de Castilblanco (Extremadura), Arnedo (La Rioja) o Casas Viejas (Andalucía).

En Cataluña, el conflicto agrario se centró en los rabassaires, campesinos que cultivaban tierras que no eran de su propiedad, sobre todo viñedos, bajo el sistema de rabassa morta. Este tipo de contrato podía extinguirse cuando moría una parte importante de las cepas, lo que dejaba a los campesinos en una situación muy insegura. Por ejemplo, durante la plaga de la filoxera, a finales del siglo XIX, muchos propietarios intentaron recuperar las tierras o aumentar las rentas, lo que perjudicaba a los campesinos que las trabajaban. Ante esta situación, la Generalitat aprobó la Ley de Contratos de Cultivo, que permitía que estos campesinos pudieran llegar a ser propietarios de las tierras que cultivaban; es decir, que pasaran de arrendatarios a propietarios. Evidentemente, esto no agradó a los propietarios —especialmente a los que formaban parte del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro— y aumentaron las tensiones sociales y políticas en el campo catalán.

El gobierno republicano también impulsó reformas laborales, con mejoras en la jubilación, la protección de la maternidad y los accidentes laborales. Pero estas medidas se aplicaron lentamente y coincidieron con una crisis económica internacional, el aumento del paro y una gran polarización política. Todo ello incrementó aún más el malestar y la conflictividad social.

En Cataluña, esta tensión se hizo evidente con la revuelta minera del Alt Llobregat, en enero de 1932, que fue duramente reprimida. Esto provocó la radicalización de la CNT y, como consecuencia, durante 1933 se produjeron importantes huelgas en Barcelona, especialmente en sectores muy afectados por la crisis, como el de la construcción.

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El Bienio Negro y los Hechos de octubre de 1934

El 19 de noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones generales de la Segunda República, las primeras en las que las mujeres podían votar. La victoria fue para los partidos de derechas y se inició el período conocido como Bienio Negro (1934-1935).

Las derechas ganaron, principalmente, por dos motivos:

  • Muchos obreros y campesinos estaban descontentos porque las reformas del gobierno anterior avanzaban lentamente y había división entre las fuerzas de izquierda, de modo que una parte no acudió a votar.
  • Los propietarios y los sectores conservadores acudieron a votar para frenar estas reformas que les perjudicaban, acabar con las políticas laicas y recuperar influencia.

El gobierno quedó en manos del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, con el apoyo parlamentario de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). La CEDA era un movimiento de derecha autoritaria que quería revertir las reformas que se habían llevado a cabo durante el primer bienio.

En aquel momento, en Europa empezaban a ganar peso las derechas radicales y, por tanto, su entrada en el gobierno de España se interpretó como el paso previo a la victoria del fascismo. Fue un período muy inestable, y los radicales perdieron credibilidad, sobre todo por algunos escándalos políticos. En octubre de 1934, la CEDA dejó de dar apoyo a Lerroux y exigió entrar en el gobierno; esta incorporación provocó, el 4 de octubre, una huelga general revolucionaria. Esta protesta fue especialmente intensa en Asturias, donde fue duramente reprimida por el ejército.

En Cataluña, el 6 de octubre, el presidente Lluís Companys proclamó el Estado catalán dentro de una República federal española y formó un gobierno provisional en Barcelona. El gobierno de Madrid declaró el estado de guerra, el ejército sitió el Palacio de la Generalitat y al día siguiente el presidente Companys se rindió. Todos los miembros del gobierno catalán fueron encarcelados, excepto Josep Dencàs, que logró escapar y exiliarse.

Tras estos hechos, la autonomía de Cataluña quedó suspendida y el gobierno catalán fue sustituido por autoridades afines a los partidos de centroderecha. Esta situación se mantuvo hasta abril de 1935 y supuso la paralización de reformas como la agrària.

En 1935, la crisis y los escándalos del Partido Republicano Radical debilitaron el gobierno y facilitaron que la CEDA aspirara a la presidencia. Sin embargo, el presidente de la República, Alcalá-Zamora, lo impidió. Ante la falta de una mayoría estable, se convocaron nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936.

En estas elecciones, las izquierdas se presentaron unidas en el Frente Popular (en Cataluña denominado Front d’Esquerres), mientras que las derechas no lograron una coalición tan sólida a escala estatal. La victoria fue para las izquierdas, lo que permitió la liberación de los encarcelados por los Hechos de octubre de 1934 y la recuperación de la autonomía catalana.

Aun así, tras la derrota electoral, sectores de la derecha comenzaron a conspirar contra el gobierno para acabar con el sistema democrático.

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Guerra, revolución y Hechos de mayo de 1937

El levantamiento militar comenzó en Melilla el 17 de julio de 1936 y, al día siguiente, se extendió por el resto del Estado español. En Cataluña, el levantamiento fracasó: las tropas sublevadas, dirigidas por el general Goded, intentaron controlar Barcelona, pero se encontraron con una población leal a la República y organizada para resistir.

Ante esta situación, la Generalitat, presidida por Lluís Companys, entendió que necesitaba el apoyo de los trabajadores organizados. Paralelamente, se organizaron milicias de voluntarios que fueron a luchar sobre todo en el frente de Aragón y en el de Mallorca, a menudo con mucha autonomía.

Entre el verano y el otoño de 1936, Cataluña vivió una gran transformación social. Muchas fábricas, talleres y servicios fueron colectivizados, y los trabajadores asumieron su gestión. En muchos municipios, los comités revolucionarios sustituyeron a los ayuntamientos. Al mismo tiempo, la falta de control institucional favoreció la aparición de patrullas armadas que perseguían a personas monárquicas, conservadoras o religiosas, consideradas enemigas del gobierno republicano. Esto provocó violencia y ejecuciones injustas.

Esta convivencia entre el poder del gobierno y el poder revolucionario generó tensiones crecientes. Para intentar estabilizar la situación, en septiembre de 1936 se formó un gobierno de la Generalitat con la participación de diversas fuerzas, incluida la CNT. También se disolvió el Comité de Milicias y se intentó recuperar el control de los ayuntamientos, pero los conflictos continuaron.

A finales de 1936, el gobierno republicano y la Generalitat quisieron crear un ejército regular y centralizado, el Ejército Popular, lo que implicaba la militarización de las milicias. Esta medida provocó importantes desacuerdos: algunos sectores, como el PSUC y los republicanos, la defendían para ganar la guerra, mientras que otros, como la CNT y el POUM, creían que era necesario mantener la revolución social.

La tensión entre estas dos visiones («hacer la revolución» o «ganar la guerra») estalló con los Hechos de Mayo de 1937. El 3 de mayo, fuerzas de orden público intentaron controlar la sede de Telefónica, en la plaza de Cataluña de Barcelona, porque, en aquel contexto de guerra, controlar las comunicaciones era imprescindible. Pero la CNT se resistió y esto originó enfrentamientos armados.

Durante cinco días, Barcelona vivió una guerra dentro de la guerra, con unos cuatrocientos muertos y más de un millar de heridos. El 21 de julio se constituyó el Comité Central de Milicias Antifascistas, que durante meses fue el verdadero centro de poder en Cataluña.

El conflicto se resolvió con la victoria de los sectores gubernamentales, pero con graves consecuencias y una represión interna. El Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) fue declarado ilegal, su líder, Andreu Nin, fue detenido y asesinado, y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) quedó marginada del poder político.

El gobierno controló las colectividades, los comités revolucionarios se disolvieron y los sindicatos perdieron poder. En menos de un año, se pasó de derrotar el golpe de Estado fascista en Cataluña y organizar milicias populares para combatirlo, a tener conflictos entre los mismos grupos que defendían la República.

Los rebeldes fascistas, encabezados por el general Francisco Franco, fueron los principales beneficiados de estas divisiones internas de los republicanos.

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Vivir bajo las bombas

Barcelona y Cataluña se convirtieron en uno de los principales bastiones de la República, lo que hizo que fueran un objetivo militar prioritario del bando franquista.

Barcelona fue una de las primeras grandes ciudades europeas en recibir bombardeos aéreos de manera constante contra la población civil. Para ello, Franco contaba con el apoyo de sus aliados fascistas, Benito Mussolini y Adolf Hitler. Las aviaciones italiana y alemana atacaron infraestructuras, zonas industriales y barrios muy poblados con el objetivo de desorganizar y debilitar la resistencia republicana.

Para proteger a la población de estos ataques, en Barcelona se habilitó una gran red de refugios antiaéreos. La mayoría de los refugios los construyeron los propios vecinos, a menudo con el apoyo de la Junta de Defensa Pasiva. Construyeron galerías subterráneas y también adaptaron túneles de metro y de ferrocarril, que temporalmente cumplieron esta función de protección.

Los ataques aéreos no solo causaron muertos y heridos, sino que también destruyeron edificios e infraestructuras, obligaron a la población a desplazarse y generaron una tensión psicológica constante. De hecho, esto era lo que pretendían los fascistas: destrucción total y terror constante.

Paralelamente, la situación militar fue volviéndose cada vez más desfavorable para la República y se produjeron una serie de hechos que favorecieron al bando fascista:

En 1938, la derrota en el frente de Aragón rompió la continuidad territorial republicana y dejó a Cataluña prácticamente aislada.

En marzo de 1938, en solo dos días, la aviación italiana causó más de un millar de muertos en Barcelona.

Estos ataques, conocidos como bombardeos de saturación, combinaban explosión e incendio para maximizar la destrucción, una estrategia que ya se había utilizado en Guernica un año antes. Esta forma de hacer la guerra respondía a una concepción ideológica: el fascismo español, con raíces en el africanismo y en la experiencia de las guerras coloniales de Marruecos, asumía la violencia extrema, el castigo ejemplar y el desprecio por la población civil como elementos legítimos de la acción militar.

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Derrota y exilio

El exilio de los republicanos catalanes empezó meses antes de la derrota definitiva de las fuerzas republicanas.
Después de la batalla del Ebro, que dividió el territorio republicano en dos mitades, Franco inició la ofensiva sobre Cataluña. El 26 de enero de 1939, las tropas franquistas entraron en Barcelona y el 10 de febrero llegaron a la frontera con Francia.

Durante este período, 450.000 personas que habían apoyado a la República —entre soldados y civiles— emprendieron una larga y penosa marcha, contrarreloj, hacia Francia. Para algunas de ellas fue como un segundo exilio: primero habían llegado a Cataluña huyendo del avance del ejército franquista en otras provincias españolas, y posteriormente tuvieron que retirarse hacia Francia.

Un gran número de refugiados fue confinado en campos de concentración que las autoridades francesas improvisaron para controlar la llegada masiva de exiliados españoles. Uno de estos campos fue la playa de Argelès, una gran extensión de arena y dunas, rodeada por alambre de espino y bajo la vigilancia de las tropas coloniales francesas. Los refugiados vivían hacinados, no había suficientes barracones para todos, y el frío, la lluvia y la falta de alimentos provocaron unas condiciones de vida muy duras.

Con la invasión alemana de Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos exiliados españoles acabaron en campos de concentración y de exterminio nazis, con el visto bueno de Franco.

Argelia, un territorio colonial francés con una larga tradición de inmigración española, fue otro destino para los refugiados, que, al igual que en Francia, fueron recluidos en campos de concentración en condiciones penosas.

Los exiliados que decidieron cruzar el Atlántico y establecerse en países como Argentina, México, la República Dominicana o Estados Unidos tuvieron una mejor acogida. Algunos de los refugiados republicanos —sobre todo los vinculados al Partido Comunista— marcharon hacia la Unión Soviética.

La Guerra Civil española fue una gran tragedia política y demográfica. El triunfo de los sublevados culminó con la instauración de una larga dictadura que supuso la pérdida de los derechos y las libertades adquiridos durante la República, el exilio de miles de personas, así como la represión violenta de cualquier voz disidente.

No fue hasta la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, cuarenta años después, cuando España inició la Transición para volver a ser un régimen democrático.

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Igualada

La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, abrió una etapa de cambios políticos y sociales en Igualada, una ciudad con un fuerte peso industrial, especialmente en el sector textil y de las curtidurías.

En este nuevo contexto político, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) fue la fuerza predominante, aunque la Lliga Regionalista también contaba con un apoyo importante. El referéndum del Estatuto de Autonomía de 1931 registró un amplio voto favorable.

A pesar del predominio de la escuela religiosa —salvo el Ateneu Igualadí y las Escuelas Nacionales—, las nuevas políticas educativas impulsaron la creación de centros públicos: en noviembre de 1933 se inauguró el Instituto García Fossas y también se proyectaron dos escuelas en el Poble Sec y en los campos de la Masuca.
Estas reformas fueron interrumpidas por los hechos del 6 de octubre de 1934. Entonces, se izó una estelada en la plaza de la República y se proclamó el Estado catalán. Pocos días después, el ejército ocupó la ciudad y el Ayuntamiento fue sustituido por una comisión gestora, con Veremundo Bertran como alcalde.

Con la victoria del Frente de Izquierdas en febrero de 1936, se restableció el consistorio democrático, el cual, tras el levantamiento militar de julio de 1936, fue sustituido por un comité revolucionario que asumió el control municipal. Durante aquellos días, también se formaron patrullas armadas, se asaltaron locales de derechas y se incendió el convento de los capuchinos.

Durante la guerra, la violencia en la retaguardia causó la muerte de 101 igualadinos, especialmente de sectores conservadores y religiosos. Uno de los episodios de mayor impacto fue el asesinato de dieciocho personas en la Pobla de Claramunt en septiembre de 1936. Entre las víctimas se encontraban el dueño de la farmacia Bausili, el exalcalde José Roca Puget y el médico Sadurní Llambés.

Durante los hechos de mayo de 1937 se levantaron barricadas en los accesos a Igualada, y milicianos armados de la CNT-FAI y el POUM patrullaban por las calles. Se produjeron registros y ocupaciones, y se acentuaron las tensiones entre las diversas fuerzas republicanas.

Ante la amenaza de los bombardeos, en Igualada se comenzaron a construir refugios antiaéreos, lo que no impediría que entre el 19 y el 23 de enero de 1939 la ciudad fuera bombardeada, con dos muertos y numerosos daños materiales.

El 22 de enero de 1939, las tropas franquistas entraron en Igualada. Comenzaba, pues, una etapa de represión: el alcalde Amadeu Biosca Busqué fue condenado a cadena perpetua; Josep Morera Miserachs, a doce años de prisión, y Pere Bertran Tarrés se exilió. Otros cargos fueron encarcelados, fusilados o deportados, como Joaquim Gil Abella, muerto en Gusen en 1941.

La Segunda República representó para Igualada un periodo de movilización política y transformación social, truncado por la guerra y la dictadura franquista.

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Olesa de Montserrat

En Olesa, la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, se vivió con una gran esperanza de cambio social y político.

Esquerra Republicana, con el apoyo del Círcol Federal Democrático Obrero, ganó las municipales del 12 de abril en Olesa de Montserrat, y consiguió ocho de los doce concejales. Félix Figueras i Aragay fue elegido alcalde al frente de un ayuntamiento que representaba el fuerte peso del movimiento obrero e industrial en la población.

Entre 1931 y 1932, este gobierno impulsó reformas sociales y laborales que fueron muy importantes para este municipio, donde existía un notable sector industrial y textil. En el pueblo, las primeras actuaciones fueron el cambio de nombre de algunas calles y la construcción del Mercado Municipal, que se realizó en 1932. También se modernizaron los servicios públicos y se consiguió que el cementerio dejara de depender de la Iglesia.

En las elecciones generales de 1933 ganaron las derechas, lo que frenó muchas de las reformas iniciadas en los años anteriores. Esta situación generó mayor tensión social en el pueblo, donde existía un importante movimiento obrero. Unas semanas después de las elecciones, hubo un enfrentamiento armado entre un grupo de anarquistas de Olesa y la Guardia Civil que se saldó con un anarquista muerto y dos guardias civiles heridos.
El 8 de septiembre de 1934, el comisario general de Orden Público de la Generalitat, Miquel Badia, dio la orden de detener a 94 carlistas, muchos de Olesa, mientras celebraban un «aplec» en los alrededores de la masía de Can Tobella.

Tras los Hechos de Octubre de ese mismo año, las tropas militares ocuparon pacíficamente la villa y destituyeron al gobierno republicano. Aun así, el pueblo continuó apostando por la educación y el maestro Joan Povill fundó la Escuela-Academia Catalunya, donde introdujo métodos pedagógicos modernos, y en 1935 se inauguró la Biblioteca Municipal.

Las cosas volvieron a cambiar con las elecciones de febrero de 1936, cuando volvieron a ganar las izquierdas (Frente de Izquierdas). En Olesa se pudo restablecer el Ayuntamiento republicano, nuevamente presidido por Félix Figueras. Sin embargo, el enfrentamiento político y social continuaba y era cada vez más intenso.

Con el alzamiento militar del 18 de julio, en Olesa hubo episodios violentos. Se incendiaron el templo parroquial de Santa María y la capilla de las Escolapias, así como otras ermitas del pueblo. Se ocuparon sedes y edificios sociales, como el Teatro Olesa (Els Salistes), el Salón Goya o la sede de La Lliga. A pesar de que algunas autoridades y vecinos intentaron salvar vidas ayudando a personas perseguidas a huir o escondiéndolas, entre los meses de julio y noviembre fueron asesinadas 38 personas.

El 25 de enero de 1939, las tropas franquistas ocuparon Olesa y comenzó una etapa de represión. Se prohibieron partidos y sindicatos, se castigó a funcionarios y maestros y se realizaron procesos represivos como el conocido «juicio de las viudas», que comportó el fusilamiento de una veintena de personas los días 19 y 21 de febrero de 1939 en los cementerios antiguos de Abrera y de Olesa de Montserrat. Tras la Guerra Civil, hubo consejos de guerra y numerosas detenciones que provocaron muchas víctimas. En total, la Guerra Civil y la represión del régimen franquista en Olesa de Montserrat causaron 333 muertes.

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El Pla del Penedès

La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, abrió en El Pla del Penedès una nueva etapa de cambios políticos y sociales en un municipio de base agraria, dedicado principalmente al cultivo de la vid.

La vida política local estuvo dominada por las fuerzas republicanas vinculadas a la Unió de Rabassaires (UR) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se impusieron en los distintos procesos electorales. Este predominio se mantuvo durante toda la República, con alcaldes procedentes de estas formaciones.

En los ámbitos social y educativo, el periodo comportó algunos cambios, como el uso del catalán en la enseñanza y la renovación de los materiales escolares, aunque se mantuvieron modelos tradicionales como la separación entre niños y niñas. Entre el profesorado del municipio destacan Fulgenci Parache Canals y Josep Llop Masqué, así como la maestra Maria Puig i Boladeras.

Los acontecimientos del Seis de Octubre de 1934 generaron momentos de tensión y expectación, pero en El Pla del Penedès no se produjeron incidentes violentos. El alcalde Josep Boada y otros cargos locales de la UR y ERC fueron detenidos y trasladados fuera del municipio, y el Ayuntamiento fue sustituido por una gestora encabezada por Joan Respall, vinculado a la Lliga.

Tras la victoria del Front d’Esquerres en febrero de 1936, la alcaldía recayó en Jaume Figueres, que fue sustituido en octubre del mismo año por Ramon Tetas i Elias, ambos de la Unió de Rabassaires. De hecho, pese al contexto de fuerte conflictividad política, el municipio mantuvo un clima relativamente pacífico.

Con el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 se constituyó un comité local de milicias antifascistas (CLMA), que asumió el control político. Cal Vallès se convirtió en la sede del comité local, mientras que Cal Fàbregues quedó vinculado a la CNT. Otros edificios, como el de Cal Rovira, fueron requisados y destinados a funciones militares relacionadas con la intendencia del personal de aviación.

En 1938 se habilitaron terrenos agrícolas para poner en funcionamiento el aeródromo de Sabanell, y aún hoy se conservan refugios subterráneos destinados a proteger a aviadores y mecánicos. Sabanell formaba parte de la red de aeródromos republicanos del Penedès, denominada por los pilotos «El Avispero de la Gloriosa». A pesar del contexto bélico, no se tiene constancia de víctimas mortales en El Pla del Penedès. Este hecho se atribuye, en parte, a la actuación del secretario municipal, Mateu Raventós i Mornau, que contribuyó a evitar situaciones de violencia. También se enfrentó al Comité de Sant Sadurní y evitó la destrucción de la iglesia, aunque el mobiliario y los objetos de culto fueron quemados en una hoguera en la plaza.

Con la ocupación franquista de 1939 se inició una etapa de represión y pérdida de libertades. Diversos cargos municipales y vecinos fueron investigados en el marco de la Causa General y algunos fueron encarcelados, como los alcaldes Emili Mas i Romagosa y Ramon Tetas i Elias, o el concejal Jaume Marimon, que murió en prisión. El secretario municipal Mateu Raventós i Mornau no pudo regresar al municipio y murió en el exilio.

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Prats de Lluçanès

En siete años, de 1929 a 1936, Prats de Lluçanès incrementó su población en un 5 %, pasando de 1.532 habitantes en 1929 a 1.623 en 1936. Una parte importante del vecindario se dedicaba a la actividad agrícola y ganadera, pero también existían tres fábricas textiles, una de alpargatas y unas cuarenta tiendas. Disponía de diferentes líneas de autobuses que realizaban los trayectos de Vic a Gironella, a Manresa y a Sant Quirze de Besora.

En las elecciones municipales de enero de 1934, la formación conservadora Unió Pradenca obtuvo 363 votos y la coalición de izquierdas alcanzó 354.

A pesar de estos resultados tan ajustados, los diferentes alcaldes que tuvo Prats hasta el estallido de la guerra fueron de derechas. Durante los Hechos de Octubre de 1934, un grupo de militantes de izquierdas se presentó en el Ayuntamiento y obligó al consistorio a adherirse a la proclamación del Estado Catalán de la República Federal Española. Poco después fueron detenidos y encarcelados, pero más tarde, durante la guerra, fueron quienes se pusieron al frente del comité y del Ayuntamiento.

Durante los años de la Segunda República se plantearon diversas obras para mejorar el municipio y la mayoría se realizaron a partir de 1936. Una de las más importantes fue abrir la actual calle de la Reforma y cubrir el torrente que la atravesaba. También se amplió el Paseo, se realizaron mejoras en las calles Nou y de Vic y se avanzó en el despliegue de la red de agua.

Ese mismo año se elaboró un proyecto de nuevas escuelas que finalmente no se construyeron, probablemente porque comenzó la guerra. El edificio debía contar con dos aulas para niños, dos para niñas, biblioteca y una clase para los más pequeños, entre otros espacios. En aquella época, la escuela pública tenía locales en distintos lugares; como mínimo, existía uno en un edificio de la calle Escoles y otro en la casa de la villa. En el curso 1936-1937, el convento de las hermanas dominicas pasó a ser escuela pública, con maestros no religiosos. Por primera vez se implantó la coeducación en primaria, y en 1937 se impulsó una escuela de adultos.

Hasta febrero de 1939, el pueblo se mantuvo alejado del frente de guerra. Sin embargo, aunque no hubiese combates directos, el conflicto también se hizo notar. A partir de julio de 1936 hubo cambios en el gobierno local y en la economía. Se confiscaron propiedades a algunos propietarios y algunas empresas pasaron a ser gestionadas colectivamente. También se destruyeron iglesias y ermitas, y llegaron al pueblo diversos refugiados que huían del conflicto. En ese primer año de guerra fue asesinado el mosén de Prats Isidre Castells y, en 1939, dos jóvenes del pueblo fueron ejecutados al relacionarlos con este crimen.

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Sant Adrià de Besòs

La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, coincidió con un momento de crecimiento y transformación de Sant Adrià de Besòs y abrió una nueva etapa de cambios en la vida colectiva de la población.

Las elecciones y los referendos republicanos de los primeros años —como el referéndum del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1931— consolidaron una clara adhesión local a las fuerzas republicanas y catalanistas.

Durante este periodo, el Ayuntamiento impulsó una política orientada a mejorar los servicios públicos y la cohesión social. Entre las actuaciones más destacadas figuran la apertura de una biblioteca popular, que facilitó el acceso a la lectura y a la formación, y la inauguración del apeadero del ferrocarril en 1933. Este equipamiento fue clave, puesto que mejoró las comunicaciones con Barcelona y el Maresme.

La promoción de los valores democráticos dio lugar a una gran efervescencia asociativa que transformó la vida pública de Sant Adrià de Besòs. Proliferaron las entidades culturales, obreras, políticas y recreativas que fomentaban la participación ciudadana y el debate político y social. Ateneos, cooperativas y sociedades se convirtieron en espacios de convivencia y formación, especialmente entre las clases populares y trabajadoras. Al mismo tiempo, se crearon nuevas escuelas en las zonas rurales del municipio, como la Mina y la Catalana, así como la escuela racionalista conocida como el Grupo Escolar Floreal.

Los hechos del 6 de octubre de 1934 tuvieron una repercusión directa en Sant Adrià de Besòs. El alcalde, Francesc Micheli Jové, y los concejales Mateu Viura Vidal, Pere Manyà Amorós y Francesc Abril Lloberas, todos ellos de Esquerra Republicana de Catalunya, así como el juez municipal Josep Ibern Jofre, entre otros ciudadanos, fueron detenidos y encarcelados, y el consistorio democrático fue sustituido en el marco de la suspensión de la autonomía catalana. Este episodio supuso un fuerte corte en la dinámica municipal republicana hasta la victoria del Frente de Izquierdas, en febrero de 1936, que permitió recuperar el Ayuntamiento legítimo.

Con el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, el municipio afrontó una situación marcada por la movilización y la emergencia. Adquirió una importancia especial la organización de la defensa pasiva frente a los ataques aéreos, así como la creación de colectividades, como la Colectividad de Campesinos de Pla de Besòs, que ejemplifica las transformaciones sociales impulsadas durante el periodo revolucionario.
Con la entrada de las tropas franquistas el 27 de enero de 1939 se inició una etapa de represión política que afectó a cargos electos y vecinos del municipio. Entre otros, está documentada la deportación de tres ciudadanos de Sant Adrià de Besòs —José Álvarez Menéndez, Alfredo Rionda Menéndez y Antonio Conesa Montes— a los campos de concentración nazis, una de las consecuencias más extremas de la derrota republicana.

La Segunda República representó para Sant Adrià de Besòs un periodo de modernización municipal, mejora de los servicios y participación ciudadana, interrumpido por la guerra y la posterior dictadura franquista.

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Sant Feliu de Llobregat

En Sant Feliu de Llobregat, la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, se vivió con alegría e ilusión. Dos días antes había ganado las elecciones la candidatura del Centre Republicà Català Federal y Josep Gaspà Santos fue nombrado alcalde.

Entre los primeros proyectos del Ayuntamiento destacó la urbanización del recinto de Can Nadal, un proyecto concebido para hacer crecer la población y crear puestos de trabajo en un momento de elevado desempleo. El día de la presentación pública asistió el presidente Francesc Macià, lo que evidenciaba la relevancia del momento tanto desde el punto de vista político como social. Durante dos años, el gobierno municipal impulsó políticas sin influencia de la religión, reforzó la presencia del catalán en el espacio público y retiró símbolos de la dictadura de Primo de Rivera.

El referéndum del Estatuto de 1931 tuvo un gran apoyo e incluso las mujeres —aunque no podían votar— firmaron un manifiesto de apoyo a este marco legal. El alcalde elegido en 1931, Josep Gaspà, volvió a ganar las elecciones municipales del 14 de enero de 1934.

En 1934, Sant Feliu vivió momentos de gran tensión política. La huelga general y los hechos del 6 de octubre provocaron barricadas en las calles, disparos en distintos puntos del pueblo y numerosas detenciones. Dos años después, en 1936, ganó el Frente de Izquierdas y, tras la victoria, se solicitó la liberación y la restitución en sus cargos de las personas encarceladas por los hechos del 6 de octubre.

Ese mismo año, 1936, el pueblo cambió de nombre y pasó a denominarse Roses de Llobregat. También tuvo moneda propia y se convirtió en la capital del Baix Llobregat y, por tanto, adquirió un gran peso como centro administrativo y político del territorio.

Durante la Segunda República, Sant Feliu vivió unos años muy activos en el ámbito cultural y social. Se creó la primera biblioteca pública, aparecieron revistas locales y numerosas entidades culturales y deportivas organizaron más actividades que nunca. El Ateneu Santfeliuenc amplió su oferta con clases nocturnas de oficios para adultos. También el grupo Amics de l’Art i de les Lletres organizaba cada año la Diada del Llibre, conferencias y excursiones culturales. En 1932, el Ayuntamiento convirtió en actividad oficial la exposición anual de rosas, una iniciativa que Pere Dot había iniciado en 1928. Esta exposición se interrumpió durante la Guerra Civil y no se retomó hasta 1949.

Cuando comenzó la Guerra Civil, en julio de 1936, el Comité de Milicias Antifascistas se hizo cargo del Ayuntamiento, con Tomàs Gaspà Pahissa —hijo del alcalde— como presidente. Aunque no hubo combates en las calles, sí se destruyeron algunos templos religiosos, se confiscaron edificios y fueron asesinados el director y tres religiosos del Asilo Duran.

En enero de 1939 entraron las tropas franquistas en la población y finalizó el periodo republicano. El nuevo alcalde franquista fue Juan Sans Martí. Quien había ejercido este cargo hasta ese momento, Tomàs Gaspà Pahissa, tuvo que marcharse a Francia y fue internado en el campo de Argelès. Murió en 1993 y fue enterrado en Sant Feliu de Llobregat. Su padre, Josep Gaspà Santos, logró sobrevivir a la represión y vivió en Sant Feliu hasta su muerte, en 1959.

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Sant Sadurní d’Anoia

En marzo de 1931, Francesc Macià visitó Sant Sadurní de Anoia y se dirigió a la población desde la plaza Nova, en un acto multitudinario que reforzó el apoyo local al proyecto republicano y catalanista.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 abrieron un nuevo escenario político en una población fuertemente condicionada por el peso de la industria del cava, la presencia de un movimiento obrero activo y la organización de los rabassaires.

Durante la Segunda República se consolidó la catalanización del topónimo: Sant Sadurní d’Anoia se generalizó en la documentación municipal, la prensa local y la rotulación, dejando atrás formas castellanizadas. Este proceso fue acompañado de transformaciones simbólicas en el espacio público, tanto en la dedicación de calles a figuras del republicanismo —Fermín Galán— como en la conmemoración de hitos del nuevo régimen, el Raval del 14 de Abril. Durante la Guerra Civil se eliminó la referencia religiosa del topónimo y el municipio pasó a denominarse Sadurní de Anoia.

El referéndum del Estatuto de autonomía de 1931 tuvo un apoyo unánime en la villa, con 955 votos favorables y solo uno en contra, lo que reforzó el compromiso local con el autogobierno catalán. En este contexto, el Ayuntamiento impulsó iniciativas culturales y educativas, como la biblioteca pública de la Caja de Pensiones, inaugurada el 7 de agosto de 1933, que se convirtió en un nuevo espacio de lectura y formación.

La conflictividad social marcó profundamente estos años. Destacaron la huelga de los trabajadores de Can Codorniu (1931) y la lucha de los rabassaires de fincas como Can Guineu para mejorar las condiciones de los contratos de cultivo. Este conflicto estalló violentamente durante los hechos del 6 de octubre de 1934. En la represión posterior fue destituido el consistorio republicano presidido por Miquel Bruna i Vila, de ERC, y diversos cargos electos y militantes fueron detenidos y encarcelados.

La victoria del Frente de Izquierdas, en febrero de 1936, permitió restablecer el Ayuntamiento democrático y retomar las reformas interrumpidas. Con el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, se confiscaron edificios y se reorganizó el gobierno municipal. El 22 de enero de 1939, Sant Sadurní fue bombardeado por aviones de la Legión Cóndor, con graves daños materiales, especialmente en las calles Marc Mir, Sant Pere y Montserrat.
La derrota republicana y la llegada de las tropas franquistas abrieron una etapa de represión severa. Cargos electos y militantes fueron encarcelados, fusilados o emprendieron el camino del exilio; algunos acabaron deportados a los campos nazis. Josep Casas i Borràs, alcalde republicano; Josep Dols i Gibert, concejal de la CNT; y Manuel Bonet i Bonet, concejal del PSUC, murieron en los campos de Hartheim y Gusen. También fallecieron Jaume Barceló Urgell, Josep Querol Fonollosa y Antoni Tarrida Capellades. Antonio Cid Mas y Jaume Borrell i Pedrola fueron liberados de los campos de Mauthausen y Gusen.

La Segunda República representó para Sant Sadurní d’Anoia un proyecto de progreso democrático, social y cultural, truncado por la guerra y la dictadura.

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Sant Vicenç dels Horts

La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, abrió una nueva etapa política en Sant Vicenç dels Horts, un municipio marcado por la actividad agrícola, la presencia industrial y una movilización social creciente.

Las elecciones generales a las Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931 registraron una participación superior al 80 % del censo y un apoyo mayoritario a las candidaturas de Esquerra Republicana de Catalunya, lo que confirmaba la adhesión local al proyecto republicano.

El referéndum del Estatuto de Autonomía de Cataluña, celebrado el 2 de agosto de 1931, también obtuvo un resultado claramente favorable, con casi el 80 % de los votos a favor, lo que reforzó el compromiso del municipio con el autogobierno catalán.

En enero de 1937, el municipio cambió oficialmente de nombre y pasó a denominarse Horts de Llobregat. El nuevo nombre respondía a la voluntad de eliminar las referencias religiosas de los topónimos y adaptarlos a los valores laicos de la nueva etapa política, al tiempo que lo vinculaba más directamente a la realidad territorial y productiva del municipio.

Uno de los proyectos más destacados del periodo fue la construcción de nuevas escuelas públicas, concebida como una apuesta por una educación moderna y laica. En este contexto, el presidente Francesc Macià visitó Sant Vicenç dels Horts para colocar la primera piedra del futuro edificio escolar. Aunque el proyecto no llegó a ejecutarse, el acto tuvo un fuerte valor simbólico y pone de manifiesto la centralidad de la educación en las políticas municipales republicanas.

Los hechos del 6 de octubre de 1934 tuvieron una repercusión directa en el municipio. El Ayuntamiento democrático fue sustituido por una comisión gestora integrada por miembros de la Lliga Catalana, el Partido Republicano Radical y Acción Popular, y cinco vecinos fueron encarcelados como consecuencia de estos acontecimientos. Esta situación se mantuvo hasta febrero de 1936 con la victoria del Frente de Izquierdas, que permitió restablecer el consistorio legítimo.

Con el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, la vida municipal quedó profundamente condicionada por el conflicto. En 1937, Horts de Llobregat acogió a más de 450 personas refugiadas que huían del frente de batalla, lo que activó redes locales de solidaridad. También consta la existencia de bombardeos en el entorno del término municipal; aunque no afectaron directamente al núcleo urbano, una persona falleció como consecuencia de las heridas provocadas por una explosión.

Los hechos de mayo de 1937 también tuvieron eco en el municipio. Ante la situación de agitación, una sesión municipal se suspendió para evitar incidentes y, en este contexto, murió Honorat Mitjans, vecino del municipio y afiliado al POUM, durante los enfrentamientos en Barcelona.

La entrada de las tropas franquistas, en enero de 1939, abrió una etapa de represión severa. Entre los represaliados se encontraban alcaldes como Pere Panades Urpinas y Antoni Plovins Botines, así como diversos concejales de organizaciones como el PSUC, ERC o la CNT, que fueron encarcelados u obligados al exilio.
La Segunda República representó para Sant Vicenç dels Horts un periodo de participación política y modernización municipal, truncado por la guerra y la dictadura franquista.

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Vilanova i la Geltrú

La proclamación de la Segunda República, en abril de 1931, despertó un gran entusiasmo en Vilanova i la Geltrú.

Las elecciones municipales del 12 de abril dieron la victoria a la coalición entre el Centre Democràtic Federalista —entidad adherida a ERC— y el Casal Catalanista, y Josep Sanmartí Sadurní fue elegido primer alcalde.

Las celebraciones llenaron la plaza de la Vila con banderas tricolores y catalanas en un clima de esperanza colectiva. En una ciudad con un potente tejido obrero y una notable presencia sindical, aún estaba muy presente el eco de la larga huelga de la fábrica de cemento Griffi (1930-1931), que había evidenciado fuertes tensiones sociales y la creciente influencia del anarcosindicalismo.

Durante los primeros años republicanos, el Ayuntamiento impulsó una renovación educativa y cultural. Se crearon nuevas escuelas, se catalanizó la enseñanza y se introdujeron metodologías pedagógicas modernas. Uno de los proyectos más destacados fue el nuevo Grupo Escolar —hoy Escuela Pompeu Fabra—, diseñado por el arquitecto municipal Josep M. Miró i Guibernau e inaugurado una vez finalizada la guerra. Paralelamente, en 1935 se inició la construcción del nuevo Mercado Municipal, también obra suya, que transformó la organización comercial urbana. La reorganización de edificios confiscados y la creación de la Escuela Municipal de Música completaron una etapa de gran actividad cultural y de intensa modernización de la ciudad.

Los hechos del 6 de octubre de 1934 tuvieron un fuerte impacto en Vilanova, con incendios, enfrentamientos armados y cinco muertos. El alcalde Antoni Escofet i Pasqual, de ERC, fue destituido y sustituido por un gobierno impuesto, situación que se mantuvo hasta la victoria del Frente de Izquierdas en febrero de 1936.
El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 lo transformó todo. El Comité de Defensa Local asumió el gobierno municipal y se inició un periodo de emergencia en el que la ciudad actuó como retaguardia activa.

Uno de los retos fue la protección civil: a partir del verano de 1937 se construyeron numerosos refugios antiaéreos, entre ellos los de la plaza de la Vila y el de Sant Antoni Abat. Entre 1938 y enero de 1939, Vilanova sufrió doce bombardeos que causaron veintisiete muertos y grandes destrozos en instalaciones estratégicas como la estación de tren y las fábricas Pirelli, del Gas y la Calibradora Mecánica. El bombardeo del 18 de enero de 1939, llevado a cabo por doce aviones, fue especialmente devastador.

La entrada de las tropas franquistas, el 21 de enero de 1939, dio paso a un periodo de represión y depuraciones. A pesar de este final, los años republicanos dejaron una huella profunda en la ciudad: la modernización educativa y urbana, el impulso cultural y los esfuerzos por democratizar la vida local forman aún hoy parte del patrimonio colectivo de Vilanova i la Geltrú.

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Créditos

COMISARIADO
Josep Pich Mediana
Pau Viñas y Roig
Gerard Llorens DeCesaris
Víctor López Mirabet
Nuria Cuevas Martínez

ARCHIVOS Y FONDOS
CRAI Biblioteca del Pabellón de la República
Archivo Nacional de Cataluña (ANC)
Archivo Fotográfico de Barcelona
Archivo Comarcal del Bages
Fundes Familia Viñas y Roig

AGRADECIMIENTOS
Mireia Bo Gudiol del Archivo Nacional de Cataluña.
Miquel Serrano Jiménez del Museo Memorial
del Exilio.
Rubén Martínez Baena y Maria Mena Maiques
del Archivo fotográfico de Barcelona.
Marc Torras Serra del Archivo comarcal del Bages.
Dra. Lourdes Prades Artigas del CRAI Biblioteca
del Pabellón de la República.

COORDINACIÓN DE CONTENIDOS
Memoria Democrática. Diputación de Barcelona

COORDINACIÓN De EDICIÓN Y PRODUCCIÓN
Subdirección de Imagen Corporativa
y Promoción Institucional. Diputación de Barcelona

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