Imatge de l'exposició Generacions TOP

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Generaciones TOP

Generaciones de mujeres y hombres que, a través de la resistencia cotidiana contra la dictadura de Franco, contribuyeron a la construcción de una alternativa democrática.

 

Resistir. Protestar. Conquistar

Tras la Guerra Civil (1936-1939), el general Francisco Franco instauró una dictadura de casi cuatro décadas, amparada por el fascismo italiano y el nazismo alemán. Durante los años cuarenta, el régimen reprimió brutalmente a los vencidos republicanos e impuso un clima de miedo, corrupción y aislamiento internacional. Con la entrada de España en la ONU en 1955 y el acceso al crédito extranjero, el régimen inició una nueva etapa de desarrollo económico que fue denominada «el milagro económico español», y que suavizó la miseria de la posguerra.

Sin embargo, la represión política continuó, como lo demuestra la fuerte represión contra «la Huelgona» de Asturias de 1962 y la ejecución de Julián Grimau en 1963, que generó una fuerte condena internacional. Para maquillar la imagen del régimen, ese mismo año se creó el Tribunal de Orden Público (TOP), un tribunal civil encargado de juzgar delitos políticos, en un intento de moderar el aspecto más duro del franquismo, pero sin dejar de convivir con la justicia militar. El TOP sería la institución elegida por el régimen para reprimir a una generación decidida a poner fin a la dictadura.

Las transformaciones sociales, en especial la inmigración y la industrialización, acompañadas de la llegada de nuevas influencias culturales como el rock and roll, el marxismo y la canción protesta, configuraron las Generaciones TOP. Estas tuvieron un especial protagonismo en los movimientos sociales y, en un nuevo antifranquismo que se enfrentó a la dictadura, reclamaron libertades, cuestionaron el autoritarismo y los valores tradicionales/burgueses, y se postularon como alternativa democrática a la dictadura.

Las Generaciones TOP son aquellas formadas por personas nacidas ya dentro de la dictadura, alejadas de los traumas de la guerra civil y que vivieron períodos de grandes cambios económicos y sociales en el país.

Ya desde mediados de los años cincuenta hasta principios de los setenta, se produjo la institucionalización del régimen y la apertura económica, lo cual no hizo desaparecer la represión política ni la censura.

El Tribunal de Orden Público (TOP) se creó el 2 de diciembre de 1963, como resultado de las presiones internacionales tras la ejecución de Julián Grimau, y estuvo activo hasta enero de 1977, con sede en el Palacio de las Salesas de Madrid. El TOP tenía como objetivo juzgar delitos que alteraran el orden público, que hasta entonces habían sido juzgados por tribunales militares.

Entre 1964 y 1976, el TOP incoó 22.660 procesos y dictó 3.798 sentencias, de las cuales 2.839 fueron condenatorias. Los delitos más comunes que juzgó el TOP fueron el de asociación ilícita, el de propaganda ilegal y el de manifestaciones y reuniones no pacíficas. El TOP fue disuelto el 4 de enero de 1977 al mismo tiempo que se creó la Audiencia Nacional, que continuó juzgando casos de terrorismo, delincuencia organizada y delitos económicos complejos.

El desafío obrero

La política «desarrollista» de la dictadura operaba bajo transformaciones sociales como el éxodo rural, los cambios urbanos e industriales y la renovación generacional. Fue en este contexto cuando se produjo el nacimiento de un nuevo movimiento obrero a inicios de los años sesenta.

Con las huelgas de los mineros asturianos en la primavera de 1962 emergieron nuevas reivindicaciones y estrategias sindicales. Los intentos de apertura del sindicato franquista fracasaron y abrieron una oportunidad a la consolidación de las llamadas Comisiones Obreras a partir de 1964. Este nuevo movimiento reunió a militantes de diferentes tendencias de izquierdas, y los enfrentamientos tradicionales se dejaron atrás. Así se abrió un espacio que buscaba crear un sindicato obrero unitario y democrático.

La actuación represiva y violenta del régimen contra los trabajadores y la ilegalización de CCOO (1967) intensificó la organización de asambleas de trabajadores y de reivindicaciones como el aumento salarial, la reducción de la jornada, los convenios colectivos, el derecho a huelga y la libertad sindical. El movimiento obrero mantuvo las demandas del ámbito laboral y, al mismo tiempo, reforzó las reivindicaciones sobre la amnistía y las libertades democráticas, que eran consideradas indisociables.

El movimiento obrero se confirmó como un pilar fundamental en la lucha antifranquista y la construcción de la alternativa democrática y nacional en Cataluña.

De las aulas a las calles

La movilización desde la Universidad

La Capuchinada fue un acto de protesta y resistencia celebrado del 9 al 11 de marzo de 1966, cuando más de 450 estudiantes, profesores e intelectuales se encerraron en el convento de los Capuchinos de Sarrià para constituir el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB). Este movimiento se opuso al sindicato oficial franquista (SEU), reivindicando derechos democráticos, académicos y de libertad de expresión, y se convirtió en un símbolo de la lucha estudiantil contra la dictadura. A partir del jueves 10 de marzo de 1966, las fuerzas de orden público sitiaron el convento de los frailes capuchinos y, finalmente, entraron en el salón de actos.

A principios de los años setenta, la presencia de grupos de extrema izquierda, muy protagonistas a finales de los sesenta, disminuyó en beneficio de las organizaciones comunistas de diversa tendencia (PSUC, PCE, maoístas, leninistas, etc.), que durante los inicios de los setenta se enfrentaron, con continuas protestas y manifestaciones, al discurso y la práctica del régimen en la Universidad.

La conquista de una ciudad democrática

El éxodo rural de los años sesenta evidenció la desatención de las necesidades básicas de los vecinos (recién llegados y autóctonos) por parte del régimen. Las expresiones de solidaridad vecinal proliferaron impulsadas por una situación de abandono gubernamental. Los años cincuenta atestiguaron un fortalecimiento del tejido asociativo informal en los barrios, dinamizado por los vecinos y vecinas.

La ley de asociaciones de 1964 pretendió cooptar muchas de estas organizaciones informales con la intención de controlar y reprimir la solidaridad vecinal. A pesar de las intenciones del régimen, las asociaciones vecinales se convirtieron en un punto de encuentro heterogéneo para plantear demandas y organizar protestas, así como en un espacio de politización para muchas ciudadanas y ciudadanos.

La urbanización de los barrios, los equipamientos sanitarios, el transporte público o el acceso a viviendas y espacios verdes vertebraron las protestas vecinales del período. Estas demandas fueron el motor de transformación de las ciudades. El movimiento vecinal se convirtió en escuela y ejemplo de participación ciudadana y en la demostración de que la democracia es algo material y tangible.

Mujeres y resistencia: el movimiento feminista

En los años sesenta, el feminismo resurgió en España impulsado por la lucha contra un régimen que había despojado a las mujeres de toda condición ciudadana. Muchas mujeres se unieron a los movimientos antifranquistas y trabajaron para integrar las reivindicaciones feministas en el activismo político, lo que se conoció como la «doble militancia». Las asociaciones de amas de casa fueron clave en esta conciencia feminista y constituyeron espacios de socialización femenina y de concienciación. También surgieron iniciativas específicas, como la revista «Vindicación Feminista» (1976) y la biblioteca-editorial La Sal (1978), espacios centrales para la reflexión y la denuncia del sexismo.

Las reivindicaciones del movimiento feminista fueron diversas y se centraron en la derogación de una legislación discriminatoria que perduró durante todo el franquismo y parte de la democracia, así como en poner fin a una estructura social sexista. Estas iniciativas marcaron una nueva etapa del feminismo, vinculando la lucha contra la dictadura con las reivindicaciones femeninas.

Las Jornadas Catalanas de la Mujer de mayo de 1976 fueron el primer gran acontecimiento feminista tras la muerte de Franco, celebrado en Barcelona con la participación de más de 4.000 mujeres. Supusieron un momento clave para la reivindicación de los derechos de las mujeres en ámbitos como el trabajo, la maternidad, la educación y la salud, y marcaron el inicio de la lucha feminista organizada en Cataluña durante la transición hacia la democracia.

Movimiento LGTBI

De la represión a la búsqueda de espacios de socialización seguros

El ordenamiento de género de la sociedad franquista se ensañaba contra homosexuales y transexuales e invisibilizaba a las lesbianas. La judicatura se amparaba en una sentencia del Tribunal Supremo de 1951 que calificaba la homosexualidad como: «Vicio repugnante en lo social, aberrante en lo sexual, perverso en lo psicológico, deficitario en lo endocrino».

Las sentencias de los Tribunales Especiales de Vagos y Maleantes traspasaban toda lógica legal haciendo uso de un lenguaje visceral. La progresiva pérdida del miedo durante los años sesenta y setenta cambió los pisos privados donde se realizaban las reuniones por espacios públicos semiclandestinos.

La reorganización política del colectivo

Los espacios de socialización seguros generaron redes de identificación y solidaridad. Las personas del colectivo no estaban solas y se inició una búsqueda de referentes políticos en el extranjero. En 1970 apareció la primera organización clandestina para la liberación de los homosexuales, el Movimiento Español de Liberación Homosexual.

El MELH se ramificó en grupos regionales como el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (1975). En 1977 el FAGC organizó con éxito el primer mitin contra la ley de peligrosidad social y las dos primeras manifestaciones del orgullo del Estado español.

«Fe y justicia: el compromiso cristiano por la libertad»

A principios de los años sesenta, diversos sectores de la Iglesia adoptaron una postura rupturista frente a la dictadura franquista. Influidos por el Concilio Vaticano II y el diálogo con el marxismo, los movimientos cristianos de base y los clérigos contestatarios desempeñaron un papel crucial en la creación de una alternativa democrática. Muchas parroquias se convirtieron en espacios de resistencia y acogieron asambleas clandestinas como la que dio lugar a la fundación de CCOO de Cataluña en 1964 en la iglesia de Sant Medir.

Por otro lado, comunidades cristianas de base como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o la Juventud Obrera Cristiana (JOC), junto con sacerdotes contestatarios, participaron en protestas y huelgas para denunciar la represión. Un buen ejemplo fue la manifestación de sacerdotes de 1966 en Barcelona contra las torturas a Joaquim Boix. Esta «iglesia paralela» contribuyó a forjar una conciencia democrática que ayudó a hacer realidad la transición hacia la democracia.

En la manifestación de 1966 en Barcelona, los 130 sacerdotes que protestaban contra la tortura fueron apaleados por la policía y, posteriormente, juzgados por el Tribunal de Orden Público (TOP) y condenados por manifestación no pacífica. La prisión concordataria de Zamora fue el centro penitenciario especial al que se enviaron muchos de los sacerdotes juzgados por el régimen, la mayoría de ellos procedentes del País Vasco.

Los precedentes del antifranquismo unitario: la cerrada de intelectuales a Montserrat (1970)

El surgimiento de la Asamblea de Cataluña

La represión contra el antifranquismo unitario. La detención de los 113

La «caída de los 113» implicó el inicio de un proceso judicial por parte del TOP, aunque finalmente no se llevó a cabo.

Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía

Las comisiones de solidaridad, la ayuda hacia las personas presas

«Libertad y Amnistía: la solidaridad que rompe muros»

La reivindicación de la amnistía política, inaceptable para la dictadura, recibió un nuevo impulso con la política de Reconciliación Nacional del PCE formulada en junio de 1956. La propuesta de superar las divisiones de la Guerra Civil y potenciar un cambio democrático por vía pacífica se saldó inicialmente con dos convocatorias de movilización: la Jornada de Reconciliación Nacional, de mayo de 1958, y la Huelga General Pacífica, en junio de 1959, que no tuvieron éxito.

Sin embargo, en los años sesenta y setenta la amnistía se convertiría en una reivindicación clave del antifranquismo. Partidos políticos clandestinos, movimientos sociales, grupos cristianos, intelectuales y profesionales se unieron para impulsarla a través de manifestaciones, cartas, manifiestos y con la creación de las Comisiones Ciudadanas de Solidaridad con las personas presas. La amnistía se convirtió en el eje vertebrador del antifranquismo y de su proyecto de ruptura democrática, tal como estableció la Asamblea de Cataluña desde 1971.

La gran reivindicación, la amnistía

La solidaridad internacional

Después de la muerte de Franco (20-11-1975), la monarquía concedió un indulto —que no una amnistía— a presos políticos en un marco aún de dictadura. En 1976 se promulgó una amnistía parcial, insuficiente para la oposición democrática. Finalmente, la Ley de Amnistía de 1977 se convirtió en la primera gran ley votada en las Cortes democráticas, lo que tenía un evidente carácter simbólico.

Con los votos favorables de todos los grupos salvo Alianza Popular y Euskadiko Ezkerra (y de un diputado socialista vinculado a la Unión Militar Democrática), la euforia por su aprobación se vio posteriormente afectada porque (artículo 2 e, f) había sancionado la impunidad de los torturadores franquistas, tal como ha sido reiteradamente denunciado a lo largo del siglo XXI.

Detenciones: la primera línia de la represión

«Ya no puedes estar seguro cuando vas por la calle. Con ocasión de una manifestación o sin ella, con orden de captura del Juez o sin ella te paran, en plena calle te disparan, te pegan, te registran, te llevan a Layetana y si les da la gana a la prisión. Es un estado de excepción práctico. No les conviene decretarlo de cara a la Europa de los “9” pero no respetan ni las raquíticas leyes que ellos mismos han escrito.»

Boletín «Solidaritat», núm. 24. 1974.

Torturas

Los ojos y el puño del régimen: la Brigada Político-Social

«Tots els casos polítics cauen dins de la Brigada Polític-Social, que actua per ordre del cap superior de Policia. L’interrogatori d’un presoner pot implicar l’ús de cruels artefactes, amb la finalitat de forçar les declaracions que posteriorment seran anomenades confessions. Com que reben un extra, els mal pagats policies tendeixen a utilitzar mètodes cada cop més violents i a prolongar tant com sigui possible l’aïllament dels presoners per obtenir una confessió. Tant les dones com els homes reben aquest tracte. Poden estar detinguts durant setmanes abans que es formulin formalment càrrecs contra ells. Quan el dossier està acabat, el presoner és traslladat a una de les presons de l’Estat…» 

Risques, M. (2018). «La brigada político social: una aproximació». A: Casals, À. (Dir.). (2022). Del sometent als mossos d’esquadra: Història de l’ordre públic a Catalunya. Editorial Afers, p. 243.

Imagen fija de la 6ª Brigada de Información Social entre 1973 y 1974

José María Callejas Peinado (inspector de Servicios)
Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (1964)

Julián Gil Mesas (comisario jefe  de la Brigada de Investigación Social)
Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (1970)

Genuino Nicolás Navales García (Comisario de segunda clase y Segundo jefe de Brigada)
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco (1970)

Rodrigo Gómez de Olmedo González (inspector de primera clase y jefe del Grupo de Retenes)
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco (1972)

David Peña Álvarez (inspector de segunda clase y jefe del Grupo II)
Medalla de Plata al Mérito Policial (1977)

Inspectores de segunda clase:

Juan Panadero Panadero
Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (1975)

Atilano del Valle Oter
Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (revocada por el Congreso de los Diputados el 2020)

Pedro Daniel (Miguel, Damián) Sánchez Sales

Inspectores de tercera clase:

Vicente Borondo Aldunate
Juan Gutiérrez Martí
Jesús Ojuel Lamata
Francisco J. Pérez Salinas
Francisco Rodríguez Álvarez
Pedro Rodríguez Fernández
Antonio Rosino Blanco

Subinspectores de segunda clase:

Julio Álvarez de Lara Sánchez
José Antonio Álvarez Villar
Vidal Álvarez-Ugena Díaz-Miguel
Pedro Ancillo Herrera
Antonio Andrade Campos
Marino Asensio Sanz
Fernando Audije García
Andrés Barrio Ferrer
Francisco J. Blasco Guallar
Rafael Bernabé Méndez
Fernando María Delgado Esteban
Mario Figueroa Trinidad
Felipe Fraile Carrasco
Diego Fuentes Morejón
Miguel García González
Carlos García Miguel
Vicente J. García Novoa
Antonio García Riva
José Antonio Gómez Ferrer
Manuel Gómez García
Francisco J. Guipuzcoa Tendero
Manuel Infante García
Antonio Jiménez Rudillas
Julián López Gimeno
Guillermo López González
Ángel Luengo Fernández
Manuel Macarro Díaz
Domiciano Martínez Hernández
José Martínez Vieco
Ángel Miñambres Martínez
Manuel S. Nieto Marín
José Antonio G. Ramiro García
José Luis Recio Gallego
Francisco M. Rodríguez Álvarez
Amando Rodríguez García
José A. Sastre Garrote
Mariano Tomero Gregoris
Alejandro Valle Abellán
Ángel Valriberas Sanz
José María Villalba Torrado
Victorino Villar Mielgo
Francisco Yegler Jiménez

También realizaron servicios en la Brigada:

Enrique Alonso Santos
José Félix Álvarez Martínez
José Luis de Andrés Martínez
Aníbal Arranz Arranz
Vicente Bañuelos Oviedo
Mariano Bello Provincial
Santiago Bohigas Vallejo
Germán Cano Villa
Daniel Fernández Ferrer
Timoteo Fernández Santorum
Joaquín María Figa García
Luis Fuentes Durán
Luis García Esquivada
Luis García Fitó
Vicente García Murillo
Jesús Antonio Herrero Orpi
Santos López Rodríguez
Luis Luis Luis
Juan Pedro Martín Macías
Santos Martínez Álvarez
Fortunato Martínez Cuesta
Carlos Medrano Sáenz
José Luis de Miguel Camarero
Enrique Muñoz Martín
Rafael Núñez Valverde
Luis Ortega Peñamaría
Julián Pascual Hernández
Guillermo Pérez Martínez
Miguel Rodríguez Alonso
Horacio Rodríguez Suárez
Ángel Sánchez García
Eusebio Sotoca Herranz
Rafael Torres López
Roberto Trepat Díez
Antonio Yébenes Gadea

Fuente: Batista, Antoni. La Brigada Social. Barcelona: Empúries, 1995. 283 p. Reproducido en TOPCAT (www.ccoo.cat/topcat/).  

Vida en la cárcel

La alimentación

El menú era poco equilibrado, con demasiadas grasas y repetido con mucha frecuencia. Uno de estos menús de 1976, según las fuentes de la Prisión Modelo de Barcelona, era:

Primera comida:
Sopa de fideos con gallinas y Starlux
Garbanzos, patatas, coles, tocino, chorizo, butifarra negra, starlux
Fruta

Segunda comida:
Alubias a la catalana, chorizo, tocino
Albóndigas en salsa
Galletas

Suplemento sencillo:
Huevos salteados con chorizo
Bistec con salsa milanesa

Suplemento doble:
100 gr. de fuet
100 gr. de queso

Los testigos señalan que la comida de la cárcel no se correspondía con los menús que las fuentes institucionales indican «…vi dos hombres cargando con una gran perola metálica con un caldo oscuro, grasiento, amarillo, ondulando de lado a lado cuando lo dejaron en el suelo. Risooni me tendió un gastado tazón y una cuchara de aluminio y allí me echó la comida. El poco apetecible mejunje consistía en una sopa aguada con garbanzos, algunas verduras irreconocibles, morcilla y trozos de tocino. Tuve suerte. Encontrar una cucaracha en la fabada o el cocido no era infrecuente. Pese a mi hambre, la comida, que nadaba en grasa, no invitaba a nada y apenas comí».

Christie, S. (2005). Franco me hizo terrorista. Ediciones Temas de Hoy, p. 115.

Jueces del TOP

Presidentes

Enrique Amat Casado
(Montefrío, Granada, 1907-Madrid, 1994)

Ingresó en la carrera judicial en 1931 y fue juez de primera instancia en los juzgados de Montalbán, Salas de los Infantes, Pola de Laviana, Colmenar y Montefrío. En 1936 se sumó a los sublevados y fue juez instructor en procesos militares. En 1947 fue promovido a magistrado de entrada y destinado al juzgado n.º 12 de Barcelona y después al n.º 1 de Granada. En 1951 fue ascendido a magistrado en la Audiencia de Badajoz y en la Audiencia Provincial de Jaén, donde fue nombrado vocal del Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudación. En 1954 fue nombrado presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada. Prestó servicio en comisión en la Audiencia de Alicante.

En 1958 se le concedió la Cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort (medalla al mérito jurídico instituida en 1944) y en junio fue nombrado juez especial de Vagos y Maleantes de Madrid. Como juez de este tribunal, dejó clara su posición sobre la homosexualidad, que calificaba de «aberración» e «inversión». En enero de 1964 fue nombrado presidente del TOP, cargo que ejerció hasta diciembre de 1965. En 1970 ingresó en el Tribunal Supremo, donde permaneció hasta su jubilación.

José de Hijas Palacios
(Oropesa, Toledo, 1916-Madrid, 1994)

Ingresó en la carrera judicial en 1942 y sirvió en los juzgados de primera instancia e instrucción de Jarandilla, Hervás y Talavera de la Reina. En 1951 fue designado magistrado en Granada, y después lo fue en la Audiencia Provincial de Cáceres, donde fue su presidente en 1958. Del 18 de noviembre de 1958 a diciembre del mismo año, fue designado juez del Tribunal Especial de Vagos y Maleantes. En ese mes de ejercicio, las penas que más impuso consistieron en el internamiento en un centro de trabajo durante períodos de entre 3 meses y menos de 3 años, así como la obligación del acusado de permanecer en el lugar de residencia bajo vigilancia.

Posteriormente, formó parte de la Inspección Central de Tribunales y de la Audiencia Provincial de Madrid, como presidente de la sección 5.ª. En enero de 1966 fue nombrado presidente del TOP, cargo que ejerció hasta octubre de 1967. En 1968 fue nombrado presidente de la Audiencia Territorial de Zaragoza y en 1971 fue designado magistrado del Tribunal Supremo. Presidió la Sala Segunda.

En 1984, un día antes de su jubilación, gracias a su voto los jueces Ricardo Varón Cobos y Jaime Rodríguez Hermida se salvaron de ser procesados por el escándalo Bardellino. Fue estudioso del derecho y tuvo profundas convicciones católicas, lo que plasmó en sus publicaciones, como «La justicia y los jueces en la sagrada escritura» (Construcción cristiana sobre la justicia) (1960). Como presidente del TOP declaró: «Para mí es exactamente igual un ladrón que un comunista que un violador».

Presidents TOP

José Francisco Mateu Cánoves
(Burjassot, València, 1920-Madrid, 1978)

Originario de una familia conservadora y católica. Su padre fue asesinado en 1936. Él participó en la quinta columna valenciana. Terminada la guerra inició los estudios de derecho. Militó en el SEU y posteriormente marchó voluntario a la División Azul. Tras regresar del frente ruso continuó sus estudios e ingresó en la carrera judicial en 1948. Sirvió en los juzgados de primera instancia e instrucción de San Vicente de la Barquera, Puente del Arzobispo, Vera, Navahermosa e Illescas. En 1957 pasó al cuerpo de magistrados de trabajo, en el que prestó servicios en Lugo, Mieres y Orense. En 1959 ascendió a magistrado y en 1962 fue destinado a la Audiencia Provincial de Lleida.

Ejerció como magistrado del TOP desde febrero de 1964. En noviembre de 1967 fue nombrado presidente del TOP, cargo que desempeñó hasta su disolución en enero de 1977. Fue el magistrado que durante más años sirvió en él. Después fue adscrito como magistrado suplente a la Sala Sexta del Tribunal Supremo, encargada de asuntos laborales y sociales. En noviembre de 1978 fue asesinado por ETA militar. En su funeral, grupos ultras provocaron disturbios.

Magistrados

Antonio Torres-Dulce Ruiz (enero de 1964 - octubre de 1967)
Carlos Maria Entrena Klet (noviembre de 1967 - enero de 1977)
José Redondo Salinas (noviembre de 1967 - enero de 1977)
Antonio Martínez Carrera (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Fernando Méndez Rodríguez (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Fernando Cid Fontán (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Gabriel González Aguado (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Saturnino Gutiérrez de Juana - sustituto (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Tomás Marcos Garmendia - sustituto (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Tomás Pereda Iturriaga - sustituto (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Víctor Serván Mur  -  sustituto (septiembre de 1972 - enero de 1977)

Jueces de instrucción

José Garralda Valcárcel (febrero de 1964 - octubre de 1967)
Jaime Mariscal Gante (enero de 1966 - enero de 1977)
Manuel González Alegre (noviembre de 1967 - agosto de 1972)
Manuel Gómez Villaboa Novos (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Diego Córdoba García (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Rafael Gómez Chaparro (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Agustín Muñoz Álvares - Sustituto (septiembre de 1972 - enero de 1977)

Fiscales

Antonio González Cuéllar (enero de 1964 - diciembre de 1965)
Féliz Hérnandez Gil (febrero de 1964 - octubre de 1967)
Luís Manuel Poyatos Bernáldez (enero de 1966 - octubre de 1967)
José María Riera Larios (noviembre de 1967 - agosto de 1972)
Carlos Iglesias Selgas (septiembre de 1972 - enero de 1977)
Rafael Gorcía de Prado Ruiberris de Torres (septiembre de 1972 - enero de 1977)

Fuentes
Portilla Contreras, G. (2019). Derecho penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso (p. 107-108). Ministerio de Justicia. ISBN 978-84-7787-487-4.
TOPCAT
Del Águila Torres, J. J. (2020). El TOP: La represión de la libertad (1963-1977) (2a ed.). Fundación de Abogados de Atocha. Ministerio de la Presidencia, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. ISBN 978-84-7471-142-4.

Los ministros de Franco: política, poder y represión

Los gobiernos de Franco fueron responsables directos de la represión sistemática contra la disidencia política. A pesar de la creación de una jurisdicción civil con el Tribunal de Orden Público (TOP), destinada aparentemente a sustituir la represión militar, esta estructura continuó persiguiendo a los opositores al régimen. Ministros como los de Gobernación, Justicia o Información y Turismo desempeñaron un papel clave y coordinaron la represión a través de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y de los diferentes tribunales.

Esta combinación de jurisdicciones civiles y militares permitió mantener el orden dictatorial mediante detenciones, torturas y juicios que no solo buscaban castigar la disidencia, sino también controlar cualquier movimiento opositor que pudiera desestabilizar el régimen.

La Memoria, un ejercicio democrático

En un régimen carente de derechos y libertades, la transgresión abrió el camino a múltiples formas de asociación. El intercambio de mensajes en hojas de papel escondidas bajo la ropa construyó discursos políticos alternativos. La protesta y la ocupación de las calles permitieron conquistar el espacio público. El desafío obrero cuestionó el orden de la producción y abrió esperanzas de emancipación social. Los vínculos personales hicieron emerger la solidaridad. Los espacios cotidianos dieron lugar a relatar la propia experiencia, a reconocerse, identificarse y organizarse colectivamente. Su contribución minó las bases de la dictadura del general Franco.

La conquista de la democracia no fue la concesión de una élite política. La actual democracia, con todos sus defectos, se ha construido paso a paso con cada derecho conquistado. Las mujeres y los hombres de las «Generaciones TOP» convirtieron el acceso a los derechos en su bandera. Así, la conquista de la democracia fue posible gracias a su compromiso y a su lucha constante en defensa de los derechos y las libertades.

Sin embargo, la historia nos enseña que nada de lo que se logra es definitivo. Hoy, las amenazas del populismo y la demagogia, en sus múltiples expresiones, son una advertencia. La democracia no es un punto de llegada, sino un proceso en favor de su continua ampliación, su avance y su fortalecimiento.

Terrassa

Tejiendo la alternativa democrática

La ciudad de Terrassa gestó una alternativa democrática: el crecimiento industrial atrajo inmigración y fortaleció una resistencia obrera presente en AEG, Fontanals y otros talleres. La expansión urbanística precaria, visible con las riadas de 1962, generó asociaciones vecinales y espacios de autoorganización. Paralelamente, comunidades cristianas y parroquias como Ègara o Sant Cristòfol se convirtieron en nodos de formación clandestina. Fruto de este aprendizaje cívico, los vecinos ocuparon la ciudad con protestas como la manifestación de las piedras (1967), el Primero de Mayo en la Font de les Canyes (1969) o el mitin del PSUC en el SFERIC (1976), primer mitin comunista autorizado desde la Guerra Civil.

La respuesta del régimen fue la represión: 97 sentencias contra 93 personas. El perfil sociológico muestra 82 hombres y 11 mujeres; un tercio, menores de 23 años; procedencia diversa (20 % nacidos en Terrassa, 60 % de Andalucía); ocupaciones centradas en el textil y la construcción; militancia principal en el PSUC y CCOO. Las detenciones —a cargo de la Guardia Civil y la Brigada Político-Social— a menudo fueron acompañadas de torturas y prisión preventiva. Los delitos más habituales fueron «asociación ilícita», «manifestación no pacífica o ilegal» y «propaganda ilegal». Hubo 34 absoluciones de 97 procedimientos, pero también 78 condenas que afectaron a 64 personas, con penas que iban hasta seis meses por manifestación ilegal y hasta cinco años por asociación ilícita o propaganda. Casos como los de Maria Isabel Gallardo (manifestación de las piedras, 1967), Catalina Moreno (huelga general, 1971), Domènec Martínez (Font de les Canyes, 1969) o Agustí Daura (la «Plaza Roja») ilustran la diversidad de trayectorias.

La mancomunidad de barrio, fábrica, parroquia y centro educativo, junto con esta experiencia represiva, constituye el núcleo de las Generaciones TOP y explica el sobrenombre de la ciudad: Terrassa la roja.

El movimiento vecinal en Terrassa

Terrassa vivió una transformación profunda desde sus barrios populares. En Ca n’Anglada, tras las riadas de 1962, los vecinos levantaron un dique para protegerse de futuras inundaciones: aquel gesto solidario sería el preludio de un movimiento vecinal que haría ciudad desde abajo.

En La Maurina, las comisiones de vecinos abrieron zanjas para llevar agua y discutieron con el Ayuntamiento el asfaltado de las calles. En Can Parellada, las familias nuevas del polígono redactaron un programa reivindicativo exigiendo escuelas, transporte y viviendas dignas.

Las parroquias, los locales obreros e incluso las azoteas se convirtieron en espacios asamblearios donde se practicaba una democracia que aún no era legal. Con la creación de la Asamblea de Terrassa (1972), esas luchas se coordinaron y la ciudad se convirtió en un laboratorio de participación ciudadana. Y así fue como Terrassa ganó escuelas, alcantarillado, luz y, sobre todo, conciencia cívica y colectiva

Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat fue uno de los escenarios donde se gestó una sólida alternativa democrática desde el ámbito local. El crecimiento industrial atrajo una fuerte oleada migratoria que fortaleció una resistencia obrera arraigada en fábricas como DURAX, capaz de extender vínculos de solidaridad más allá de los centros de trabajo y del municipio (solidaridad con la huelga de FORSA, 1975-1976). Paralelamente, la expansión urbanística precaria derivada de la intensa transformación demográfica entre 1960 y 1970 propició la aparición de asociaciones vecinales y de espacios de autoorganización ciudadana. En los institutos y escuelas, estudiantes y docentes transformaron el aula en un espacio de conciencia cívica y compromiso colectivo. La confluencia entre barrio, fábrica, parroquia y centro educativo configuró el núcleo de una generación comprometida —las llamadas Generaciones TOP— también presente con fuerza en Sant Feliu de Llobregat.

La respuesta del régimen fue la represión. Las detenciones —a cargo de la Guardia Civil y la Brigada Político-Social— a menudo fueron acompañadas de torturas y prisión preventiva. Los delitos más habituales fueron “asociación ilícita”, “manifestación no pacífica o ilegal” y “propaganda ilegal”.

El movimiento vecinal en Sant Feliu de Llobregat

A inicios de la década de 1960, Sant Feliu de Llobregat inició una transformación profunda. Con las oleadas migratorias, el tejido urbano se expandió en barrios como La Salut, Can Calders o La Falguera. Tras las riadas de 1962, en el seno de unos barrios crecidos apresuradamente, las comisiones de vecinos convirtieron el barro y la falta de servicios en organización colectiva. Las parroquias, como la de Sant Llorenç, se convirtieron en sede improvisada de asambleas, donde se practicaba una democracia prohibida.

La reivindicación y la protesta fueron una constante en la ciudad de Sant Feliu. Acontecimientos como el acto social de reivindicación de la plaza de la Xocolatada (1976), la campaña de escolarización para todos los niños (1978), la larga lucha por la construcción del ambulatorio o la Asamblea Democrática local (1975-1976) son testimonio de los primeros pasos hacia la reconquista de un Sant Feliu democrático.

Créditos

Fundació Cipriano García, Arxiu Històric de CCOO de Catalunya
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República
Universitat de Barcelona
Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
Arxiu Històric de Roquetes, Nou Barris
Arxiu de Ca la Dona
Archivo de la Transición
Archivo Histórico del Partido Comunista de España
Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona
Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca)
Fons personal de Carles Vallejo
Fons personal de Josep Maria Garrido
Fons personal de Marià Hispano
Fons personal de Jordi Petit

Asesores históricos: Javier Tébar y Manel Risques

 

Agradecimientos:

Adrià Álvarez, Arnaldo Gil, Balandra Films, Carles Vallejo, Carlota Falgueras, César Lorenzo Domènec Martínez, Eduardo de Toro, Elisa Regueiro, Guillermo Portilla, Isabel Alonso, Isabel Franc, Jaume Domènech, Jordi Petit, Josep Maria Garrido, Juanma García, Lourdes Prades, Marià Hispano, Maribel Ferrándiz, Mercè Lázaro, Mercè Otero, Mireia Bo, Montserrat Cuyàs, Neus Baena, Pepe Gálvez, Pilar Cuerva , Ramon Naya, Rafael Espinosa, Rosa Navarro, Sergi Salamé y Jesús Martínez Ortiz

Exposición

Comisariado
Carlota Vidal Sánchez y Gerard Rodríguez Arellano
Documentalista
Aurora Giralt i Pérez
Coordinación de los contenidos
Diputació de Barcelona. Memòria Democràtica
Diseño gráfico y producción
Diputació de Barcelona

Organiza

Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme i Diputació de Barcelona