Contexto histórico
La depuración de funcionarios fue un elemento crucial de control del régimen franquista que tenía como finalidad separar y destituir a las personas “desafectas”, en las administraciones locales (y también en el resto de ámbitos). Los procesos de depuración se iniciaron durante el transcurso de la Guerra Civil española y se aceleraron durante la etapa final del conflicto bélico en el 1939 con un conjunto de decretos y leyes que juzgaban el grado de colaboración de los funcionarios públicos con la Segunda República (1931-1939).
Después de la caída de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y el fracaso de la “Dictablanda” del general Berenguer, el gobierno de Juan Bautista Aznar decidió convocar elecciones municipales, antes que generales, el 12 de abril de 1931. Era una operación de cálculo político explícito que pretendía minimizar el riesgo de cambios, pero las elecciones se convirtieron en un plebiscito de monarquía o república. Los resultados otorgaron el triunfo a los partidos republicanos en la mayoría de capitales de provincia, hecho que desencadenó la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. En Madrid se preparó la salida al exilio del rey Alfonso XIII, asociado a la dictadura de Primo, y la formación de un gobierno provisional. Este gobierno llevó a cabo un conjunto de reformas sociales y económicas, entre las cuales sobresalieron la aprobación de leyes encaminadas a la separación del Estado y la iglesia; la mejora de las condiciones de los trabajadores rurales, pero también de los obreros de las ciudades; el reconocimiento del sufragio femenino; varias reformas del ejército, y la regulación de las autonomías regionales. En diciembre de 1931 se aprobó la nueva constitución de la Segunda República Española, y en el 1932, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La etapa reformista fue frenada por los diversos gobiernos de derechas entre 1933 y 1936. La entrada en el gobierno de varios integrantes del partido derechista católico “Confederación Española de Derechas Autónomas” (CEDA) a comienzos de octubre de 1934 fue interpretada por las izquierdas como una deriva hacia el fascismo. En Asturias los mineros protagonizaron una intensa revuelta social, y en Cataluña el gobierno de la Generalitat, encabezado por Lluís Companys, proclamó el 6 de octubre la República Catalana dentro de la República Federal española. Estos dos acontecimientos desencadenaron una fuerte represión por parte del gobierno español, que decidió suspender la autonomía catalana. Todo ello generó un ambiente de complicada reconciliación social y política.
La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 comportó la reanudación de la agenda reformista con un nuevo gobierno de izquierdas, en medio de tensiones sociales y de movimientos involucionistas. A lo largo de la etapa republicana los grupos monárquicos y militares llevaron a cabo repetidas conspiraciones. El rey, que se había exiliado en París y Roma en el 1931 sin haber abdicado previamente, apoyó estas acciones y buscó el apoyo del régimen fascista de Benito Mussolini para poner punto final a la etapa republicana.
En verano de 1936 la Península sufrió una última conspiración: la tarde del viernes 17 de julio un grupo de militares se sublevó en la guarnición de Melilla. La rebelión se extendió a Ceuta y al resto del Protectorado español de Marruecos. Al día siguiente lo hicieron varias guarniciones militares en la península, siendo la más importante la de Sevilla, y se declaró el estado de guerra contra el gobierno republicano. Los planes iniciales de los sublevados fracasaron en otras plazas y la situación derivó en una larga guerra civil que duró dos años, ocho meses y quince días.
Un mes después del golpe de estado, la “Junta de Defensa Nacional de España”, creada por los militares sublevados el 23 de julio de 1936 en Burgos, con la voluntad de convertirse en el gobierno de los territorios que controlaba, dictó una orden sobre la administración estatal el 19 de agosto en la cual se derogaba el decreto de Presidencia del Consejo de Ministros republicano de 21 de julio por el cual se había cesado a todos los funcionarios y empleados públicos del Estado que hubieran participado o adherido al movimiento subversivo. Fue el inicio de la depuración funcionarial por parte del bando franquista.
El 30 de septiembre, la Junta de Defensa publicó el decreto en el que se nombraba a Francisco Franco como jefe de Gobierno. Al día siguiente se proclamó como jefe del nuevo Estado sumado al grado de “Generalísimo” que Franco había recibido de los generales rebeldes el 21 de septiembre anterior. El decreto lo redactó José de Yanguas Messía, jurista y antiguo ministro de Estado durante la dictadura de Primo de Rivera.
Era el inicio de la dictadura personal de Franco que duró hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975.
El 26 de octubre de 1936 el Gobierno franquista de Burgos emitió una orden pque fijaba la obligación de los funcionarios a reincorporarse a sus lugares de trabajo. Cuatro días después, la Junta Técnica del Estado, creada el 1 de octubre para sustituir a la Junta de Defensa, dictó una orden que contemplaba la depuración de responsabilidades políticas de los empleados públicos por acciones “contrarias al Movimiento Nacional”.
El 20 de abril de 1937 Franco promulgó el Decreto de Unificación por el cual se constituyó el partido único denominado “Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista” (FET y de las JONS). Fue el único partido permitido en España después de la Guerra Civil, conocido posteriormente como Movimiento Nacional. El partido único fue disuelto el 1977.
El 5 de abril de 1938 se derogó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cataluña no contó con otro estatuto hasta 1979.
El 15 de enero de 1939, coincidiendo con la entrada de las tropas franquistas a Tarragona, la Junta Técnica de Burgos decretó la restauración de las diputaciones como corporaciones provinciales según el art. 1 de la Ley de 5 de abril de 1938. A partir de este momento, la Diputación de Barcelona (como el resto de corporaciones locales) estuvo subordinada a las autoridades militares primero y, después, a los dictados del gobernador civil.
El 26 de enero de 1939 se produjo la entrada de las tropas franquistas en Barcelona. El 30 de enero se constituyó la Comisión Gestora de la Diputación de Barcelona, presidida por Josep M. Milà y Camps, conde de Montseny, quién había estado presidente de la Corporación entre 1925 y 1930, en época de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. La comisión estaba integrada por Felip Batlló y Godó; Joan Claudi Güell y Churruca, conde de Ruiseñada; Àngel Traval y Rodríguez de Lacín; Lluís Rivière y Manén; Magí Raventós y Fatjó; Josep M. Segarra de Montoliu, y Josep Peray y March. La Comisión Gestora fue el órgano colegiado de las diputaciones provinciales entre 1939 y 1949 y colaboró en la política de despliegue del nuevo estado franquista. La nueva Comisión Gestora volvió a poner en funcionamiento la Diputación de Barcelona, que junto con el Ayuntamiento de Barcelona, constituyeron las principales instituciones del Régimen en Cataluña, en manos de las clases dirigentes catalanas afines al franquismo.
El 4 de febrero de 1939 los militares franquistas entraron en Girona. Al día siguiente, las principales autoridades republicanas atravesaban la frontera acompañadas por un gran éxodo de civiles y militares republicanos.
El 9 de febrero de 1939 entró en vigor la “Ley de Responsabilidades Políticas”, que básicamente tipificaba el corpus esencial de conductas punibles, las cuales daban lugar a responsabilidades jurídicas y podían establecer sanciones limitativas de actividad, de libertad de residencia o económicas.
El 10 de febrero de 1939 se aprobó la “Ley fijando normas para la depuración de funcionarios públicos” que establecía normas y concretaba las conductas y sanciones anunciadas en la “Ley de Responsabilidades Políticas” con el objetivo de readmitir al servicio del Estado al personal que apoyó al bando franquista y sancionar la conducta de los funcionarios que no lo hicieron.
La ley era retroactiva y alcanzaba un periodo de aplicación de cinco años anteriores a su publicación. Una de las primeras medidas que se implementaron fue la depuración de los funcionarios. Esta ley no se derogó hasta el 10 de noviembre de 1966, cuando se aprobó el Decreto 2824/1966 que indultaba de manera integral a todos los funcionarios con sanciones pendientes de cumplimiento derivadas de la legislación de responsabilidades políticas y depuración funcionarial. Excepcionalmente, este decreto no contemplaba a los funcionarios que se habían exiliado durante o después de la Guerra Civil: para estas personas no se produjo el indulto hasta el 1975 a raíz de la proclamación de Juan Carlos I como Rey.
En la sesión plenaria celebrada el 17 de febrero de 1939, la Diputación de Barcelona aprobó una disposición en la que se cesaba a todos los funcionarios de la Generalitat que habían ejercido el cargo durante la etapa republicana: 15.860, con excepción de los 753 empleados que habían formado parte de la plantilla de la Diputación de Barcelona hasta 1931, aunque por el momento quedaban en suspenso hasta la resolución del expediente de depuración. Recordemos que las diputaciones desaparecieron en Cataluña el 1931, y que sus servicios quedaron integrados en la nueva Generalitat de Catalunya. Por lo tanto, la Diputación no existió como tal de 1931 a 1939. La Comisión Gestora insistió mucho en la consideración de que la Diputación no era la sucesora ni heredera de la Generalitat de Cataluña de la etapa republicana.
El 1 de abril de 1939 se puso fin en la guerra, pero no a la represión. La voluntad de apartar de la administración al personal sospechoso de haber colaborado con el régimen republicano anterior al proceso de construcción del nuevo estado era evidente. Como también la de poner punto final al sueño catalanista de contar con un funcionariado propio desde los años de la Mancomunidad de Cataluña (1914-1925).
